05/10/2005: CONTRATOS CON LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS, Y SOBRE EL FUTURO DE AGUAS ARGENTINAS

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO SOCIALISTA HECTOR POLINO, EN LA SESION EN MINORIA, DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, SOBRE LA DEROGACIÓN DEL ART.4º, DE LA LEY 25.790 QUE AUTORIZA LA APROBACIÓN TACITA O FICTA DE LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS, Y SOBRE EL FUTURO DE AGUAS ARGENTINAS

 – En Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre de 2005, a la hora 14 y 11:

 MANIFESTACIONES en minoría

 Sr. Presidente (Arnold).- Habiendo sólo dieciséis diputados presentes, declaro fracasadas las cuatro sesiones especiales convocadas para el día de la fecha, y concederé brevemente el uso de la palabra a los autores de los proyectos motivo de estas convocatorias.[1]

                        Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

 Sr. Polino.- Señor presidente: es lamentable que un proceso electoral, que debería ser una circunstancia normal en un país democrático, termine trabando el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, en este caso, el Congreso Nacional.

                         Dado que las comisiones no se reúnen, o lo hacen tan sólo algunas, no hubo oportunidad de que en su seno fueran discutidos los dos proyectos por los que he pedido sesión especial. Como no hay sesión de tablas –razón por la cual tampoco tenemos la posibilidad de solicitar preferencia‑, hemos elegido el camino de la sesión especial, pero ésta también fracasa. De modo que se nos cierra el camino para poder debatir cuestiones que son fundamentales; por ejemplo, el proyecto de ley de mi autoría por el que se elimina el artículo 4° de la ley 25.790, que es clara y absolutamente inconstitucional. 

                         Todo ciudadano sabe –no hace falta que haya cursado el ciclo básico de la Facultad de Derecho‑ que esa ley vulnera el artículo 82 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara debe manifestarse expresamente; y frente al caso de que hubiese alguna duda, dice que se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta.

                         No obstante ello, la ley 25790, sancionada en el año 2003 –a raíz de un proyecto enviado por el actual Poder Ejecutivo nacional‑, determina que en caso de que una renegociación de contrato realizada por la UNIREN ‑presidida por los ministros de Economía y de Planificación‑ no fuera rechazada por el Congreso dentro del plazo perentorio de sesenta días corridos, se la considera tácitamente aprobada.

                         En función de esa norma claramente inconstitucional, de los seis contratos enviados por el Poder Ejecutivo sólo uno ha podido ser discutido en el Congreso. Me refiero al contrato con Edelap. Es decir que cinco contratos fueron aprobados de manera tácita o ficta.

                         Es una verdadera vergüenza que el Congreso no haya podido pronunciarse sobre los contratos relativos a las terminales portuarias donde se han dolarizado incluso las tarifas, o los contratos relativos a las rutas  de acceso a Buenos Aires, como las Autopistas Norte u Oeste, donde se establecen aumentos en los peajes del 15 y 14 por ciento respectivamente. Tampoco hubo oportunidad de discutir los contratos de la empresa transportista de electricidad Distrocuyo, que abastece a las provincias de San Juan y Mendoza; de Transener, que provee de electricidad al grueso del país, y de TRANSBA, que transporta la electricidad en la provincia de Buenos Aires. Seguramente continuarán pasando los días, las semanas, los meses y tampoco tendremos posibilidades de discutir en esta Cámara, por una razón u otra, los nuevos contratos que han sido enviados.

                         El oficialismo tiene número suficiente para tratar estos asuntos y aprobarlos. Así quedó demostrado durante la discusión del contrato de EDELAP en la que no advertimos disidencias dentro del bloque para aprobarlo. En este sentido, como señalé en cuatro oportunidades en esta Cámara durante ese debate, uno puede imaginar que sólo funcionarios inútiles del Ejecutivo lo han podido convalidar o que hubo coimas o actos de corrupción. A pesar de ello la iniciativa fue aprobada, y hoy con el transcurso del tiempo puedo decir que tengo la más absoluta convicción de que ha pasado esto último.

                         No es posible que el tiempo transcurra y que aparezcan nuevos contratos que otorgan nuevos privilegios y beneficios a las empresas privatizadas y no tengamos siquiera la posibilidad de discutir en este recinto las cláusulas respectivas. Lamento que hoy no tengamos número para debatir un tema que es esencial.

                         Por otra parte, quería plantear otra cuestión vinculada con la empresa de servicios públicos Aguas Argentinas. Los señores diputados nos vamos enterando a través de los medios de prensa de las diversas alternativas que existen sobre este contrato. Por lo tanto, por medio de un proyecto de resolución solicito que los ministros de Economía y de Planificación concurran al seno de las comisiones de esta Cámara, porque pretender que asistan a este recinto, a esta altura del proceso político sería una ingenuidad. Cabe destacar que tampoco logramos que las comisiones se reúnan y  consideren esta iniciativa a fin de que podamos enterarnos directamente a través de los funcionarios del Poder Ejecutivo y no de los medios de prensa qué es lo que piensa el Gobierno en relación con el servicio de agua y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires y en diecisiete partidos del conurbano bonaerense, área de concesión geográfica que es la más grande en el mundo en la que opera una empresa privada que alberga a 12 millones de personas.

                         Por medio de los diarios tomamos conocimiento de que los accionistas mayoritarios de la empresa Suez y Aguas de Barcelona resolvieron un buen día irse del país, hecho que aparentemente tomó por sorpresa al Poder Ejecutivo Nacional. Durante un encuentro internacional con el colega y compañero Rodríguez Zapatero se le pidió sus buenos oficios para que interceda con el fin de averiguar si Aguas de Barcelona se quería hacer cargo de la concesión y reemplazar a la empresa Suez, ignorando que ésta tenía el 50 por ciento del capital de Aguas de Barcelona. Es decir,  que se trata de la misma empresa accionista mayoritaria de Aguas Argentinas. Se encaró el tema como si estas cuestiones se puedan resolver a través de los buenos oficios de un primer ministro.

 Sr. Presidente (Arnold).- Perdón, señor diputado, le he otorgado cinco minutos a cada autor de los proyectos, así que le pido que vaya redondeando su exposición.

 Sr. Polino.- Señor presidente: esta es la única oportunidad que tengo de expresar algo sobre estos temas, y por eso apelo a su buena voluntad y paciencia para que me conceda algunos minutos más para decir aunque más no sea lo más elemental.

 Sr. Presidente (Arnold).- Lo entiendo, señor diputado, pero convengamos que hay muy pocos presentes en el recinto, y si vamos a hacer muy largos cada uno de los discursos estas manifestaciones en minoría se van a extender en demasía.

 Sr. Polino.- Señor presidente: efectivamente, somos pocos pero hay representantes de varios bloques políticos, que representan a sectores importantes de la sociedad. Donde sí no advierto ni un solo diputado, salvo usted, que preside la reunión, es en el bloque oficialista.

                         En la época de Menem se resolvió privatizar o concesionar el servicio de Obras Sanitarias de la Nación y la discusión no pasó por esta Cámara; se lo hizo, como se acostumbraba en esa época, por decreto, y así nos fue.

                         Una concesión que fracasó estrepitosa y descaradamente, porque la empresa Aguas Argentinas ganó la licitación porque prometió que en los siguientes primeros diez años de la concesión  iba a bajar la tarifa en un 26,9 por ciento. La empresa que le siguió en la oferta, y por eso la perdió, propuso una rebaja del 26,1 por ciento.

                         Resultó insignificante la diferencia de rebaja en la tarifa que propusieron ambas empresas, y ganó Aguas Argentinas.  Pero resulta que no sólo no rebajó la tarifa en un 26,9 por ciento sino que la aumentó en un 90 por ciento.

                         Y acá no pasó nada, porque hubo impunidad para todos los incumplimientos contractuales.  Es más, hubo complicidad del poder político de entonces, que avaló todas las pretensiones de Aguas Argentinas. Por razones de tiempo no me voy a referir a las inversiones, a la calidad del agua, ni a otras cuestiones esenciales.

                         ¿Y ahora qué pasa? Los accionistas mayoritarios deciden irse. Esto debiera  transformarse en la gran oportunidad para discutir en el Congreso de la Nación qué es lo que vamos a hacer con esta empresa y con la prestación de estos servicios. Es decir, si se reestatiza, si se reprivatiza bajo otras condiciones, si creamos una empresa pública, si creamos una empresa mixta o empresas de carácter social dándole participación a los usuarios a través de cooperativas.

                         En fin, existe un conjunto de alternativas y de posibilidades. Lo que no se puede hacer es reiterar el mismo error de la década de los 90, es decir, resolver la cuestión entre las cuatro paredes de un ministerio o de la Casa Rosada, decidiendo el futuro de una empresa íntimamente vinculada con la calidad de vida de millones de argentinos.

                         El debate parlamentario es esencial e indispensable. Este tema no se resuelve con discursos altisonantes pronunciados en medio de una campaña electoral, donde se le hacen todo tipo de cuestionamientos a las empresas privatizadas y luego en la soledad del poder se termina cediendo, concediendo y renegociando sin que luego tengamos incluso la posibilidad de discutir.

                         Son temas esenciales e importantes, en los que nadie puede hacerse el distraído. Así nadie puede continuar engañando a la opinión pública. Se trata de discursos que luego no tienen nada que ver con la realidad.

                         Por eso presenté este pedido de sesión especial. Aclaro que desde hace varios años no he solicitado sesiones especiales. Pero esta vez lo hice porque se bloquearon los caminos normales, ya sea el de las sesiones ordinarias o la discusión en las comisiones.

                         No hay un lugar donde discutir las iniciativas parlamentarias. De ahí esta sesión que aunque en minoría permite por lo menos decir estas cosas. No tenemos la posibilidad de votar,  pero por lo menos el día de mañana alguien podrá decir que los diputados que hoy estamos presentes hemos cumplido con nuestro deber, a pesar del proceso electoral, y que la única manera de dignificar la política es siendo coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. (Aplausos.)


[1] Las convocatorias de la Honorable Cámara a sesiones especiales se han originado en pedidos de varios señores diputados, en número reglamentario, con el objeto de abocarse al tratamiento del proyecto de ley por el cual se elimina la sanción ficta o tácita establecida en la ley 25.790 (expediente 5.063-D.-05); proyecto de declaración por el que se solicita la presencia en la Comisión de Defensa del Consumidor de los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del señor secretario ejecutivo de la UNIREM a los fines de informar sobre las negociaciones con la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima (Expediente 5.441-D.-05); el proyecto de declaración sobre rechazo al ingreso del presidente de los Estados Unidos a la República Argentina para la IV Cumbre de las Américas (Expediente 4.946-D.-05); el proyecto de ley sobre caducidad del marco regulatorio y rescisión del contrato de concesión a Aguas Argentinas Sociedad Anónima (Expediente 500-D.-05), y el proyecto de declaración sobre expresión de repudio por la visita del señor George W. Bush a nuestro país (Expediente 5.712-D.-05).