4/07/2004 – RESPONSABILIDAD FISCAL

Sr. Presidente (Arnold).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

 Sr. Polino.- Señor presidente: hemos perdido una magnífica oportunidad, porque hoy tendríamos que estar discutiendo una ley de coparticipación federal.

             La última que se sancionó es de 1988. O sea que tiene dieciséis años de vigencia. ¿Por qué no se ha dictado una ley de coparticipación federal? Porque surgió un desencuentro entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Fue así como se frustró la discusión acerca de un tema esencial, que además constituye un mandato de la Constitución Nacional, porque la reforma de 1994 estableció que a más tardar a partir de 1996 se tenía que dictar esa ley de coparticipación.

             Un grupo de diputados nacionales de distintas bancadas realizamos hace pocos días una audiencia pública en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. Participaron diputados de todos los bloques de la oposición, e incluso dos diputados del bloque oficialista que lo hicieron a título personal. También participaron los representantes de diversas organizaciones de la sociedad: CGT, CTA, Plan Félix, Plan Sofía, estudiantes y sectores de  la cultura. Ese era el reflejo de la sociedad. Todos coincidían en el rechazo a este proyecto, pero resulta que por esas raras situaciones de la política esta iniciativa seguramente se transformará en ley.

             Esa disociación entre lo que piensan los sectores políticos, sindicales, económicos y culturales y lo que luego hace, de una  manera distinta, la representación política que actúa en nombre de esos sectores provoca la crisis de la representación y genera el cuestionamiento de la sociedad hacia las instituciones de la república democrática. Digo esto porque también había representantes de la producción, de la pequeña y mediana empresa y del cooperativismo, como el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Prácticamente no había organización de la sociedad que no estuviera presente en esa reunión, y todos coincidían en el cuestionamiento a este proyecto de ley.

             Por otro lado, esta es una iniciativa inconstitucional, porque de acuerdo con la Constitución Nacional nosotros vivimos en una república federal y este es un proyecto de ley unitario. Desde aquí los diputados y senadores nacionales decimos a las provincias qué es lo que tienen que hacer con sus recursos, qué es lo que pueden gastar y hasta dónde se pueden endeudar. Luego las provincias aparecen en un estado de dependencia de la Nación.

             Muchas veces hemos escuchado en esta Cámara cuestionamientos de diputados de las provincias a la Capital Federal y al gobierno central, y resulta que probablemente esta noche –espero que no sea así‑ los mismos diputados de las provincias que representan a la Nación, que tienen origen en las provincias, van a terminar sancionando este proyecto de ley. Lo hicieron los senadores, que son la representación de los pueblos de las provincias. Ellos aprobaron una ley que va en contra de sus propios intereses.

             Aquí se dijo muchas veces que hay un estado de subordinación del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, que no funciona el Estado de Derecho, que está en crisis la división de los poderes porque se actúa en función de lo que pide el Poder Ejecutivo, que a su vez envía proyectos en función de lo que le exige el Fondo Monetario Internacional.

             Hemos perdido la soberanía, el poder de decisión de una Nación libre e independiente que tiene que dictar las normas jurídicas de acuerdo con las necesidades de su pueblo y no en función de los intereses de los acreedores externos.

             Mucho se ha dicho ‑lo repiten a diario los representantes del establishment y de los sectores del poder económico y financiero‑ acerca de que tenemos un Estado que gasta en demasía los dineros públicos que se conforman con los impuestos que se abonan. Eso es mentira.

             El señor diputado Lozano ya señaló la diferencia de niveles de gasto que existen entre la Argentina, Chile y Brasil. Sin embargo, me voy a permitir ampliar esa información, porque los números suelen ser mucho más elocuentes que las palabras.

 Sr. Presidente (Arnold).- Ruego al señor diputado que redondee su exposición.

 Sr. Polino.- Así lo haré, señor presidente.

            El Fondo Monetario Internacional ha dado la siguiente información. El gasto público de los gobiernos federales, en porcentaje del producto bruto interno correspondiente al año 2002, es el siguiente: Suecia, 41,1 por ciento; Canadá, 20,5 por ciento; Alemania, 29,8 por ciento; España, 36,1 por ciento; Francia, 42,3 por ciento; Israel, 43,5 por ciento; Portugal, 42,6 por ciento; Gran Bretaña, 33,3 por ciento; Estados Unidos, 20,4 por ciento; Sudáfrica, 25,5 por ciento; Australia, 19,4 por ciento; y Argentina, 16,8 por ciento.

             Veamos las cifras del gasto público total de los gobiernos provinciales más el gobierno central: Suecia, 66 por ciento; Canadá, 54,6 por ciento; Alemania, 52 por ciento; España, 52 por ciento; Francia, 51 por ciento; Israel, 50 por ciento; Portugal, 46 por ciento; Gran Bretaña, 45 por ciento; Estados Unidos, 39 por ciento; Sudáfrica, 38 por ciento; Australia, 38 por ciento; y Argentina, 26,4 por ciento, el más bajo.

             Por último, veamos lo que dice el Banco Mundial, que también aporta cifras indiscutidas para muchos sectores del país ‑no para nosotros‑, en cuanto a las inversiones en relación con el producto bruto interno: Estados Unidos, 2,5 por ciento; Alemania, 2,3 por ciento; Francia, 2,2 por ciento; Gran Bretaña, 1,8 por ciento; Italia, 1 por ciento; España, 0,8 por ciento; Brasil, 0,8 por ciento; Chile, 0,6 por ciento; y la Argentina, 0,4 por ciento.

             Lo que ocurre es que gastamos poco y mal. Como a veces se gasta mal, se hace aparecer ante la opinión pública que estamos gastando cifras siderales, cuando en realidad es poco lo que se gasta en educación, en ciencia y tecnología, en salud, en seguridad, en servicios públicos, en justicia, y ni qué hablar en remuneración del sector de los jubilados o de los empleados públicos, que tienen sus haberes congelados desde hace años.

             Estamos sacando de la discusión el tema central. El miembro informante de la mayoría, con una gran habilidad parlamentaria –que reconozco‑, nos habló en su informe de los burros, tal vez para que sacáramos el eje de la discusión de los temas centrales de esta norma que va a perpetuar nuestro atraso, nuestro estancamiento y nuestra dependencia exterior.

             Esta es una ley inconstitucional que afecta al federalismo argentino, establece un corsé a las provincias y tiene como única finalidad –como ya se ha dicho- aumentar el superávit fiscal para garantizar el pago de los intereses de una ilegítima y abultada deuda externa. Este Parlamento nunca se atrevió a crear una comisión investigadora sobre el origen de esa deuda para analizar realmente qué es lo que estamos debiendo y cuánto es lo que hemos pagado.

            Esta es una tarea pendiente que tiene el Parlamento argentino, y aunque sea tarde es hora de que constituyamos dicha comisión para estudiar realmente qué es lo que ha sucedido y qué es lo que estamos debiendo, a efectos de terminar con esta situación de docilidad del gobierno frente a las pretensiones insolentes de los representantes de los organismos financieros internacionales. Por haber sido uno de los mejores alumnos, así nos ha ido: somos uno de los países más empobrecidos de la Tierra.

             Por estas razones, la bancada socialista va a votar en contra de la iniciativa en cuestión. (Aplausos.)