32 Años de democracia

Hace 32 años los argentinos recuperamos la vigencia de las instituciones de la república democrática. Volvimos a vivir en libertad, con los partidos políticos en funcionamiento, dentro del pluralismo político e ideológico.

El 10 de diciembre de 1983 se inició un complejo y difícil proceso de transición: de la dictadura a la democracia. Ese proceso comprendió la democratización del poder, la educación, la cultura, las entidades intermedias. Hubieron marchas y contramarchas; avances y retrocesos, quedando como resultado general un saldo positivo. Es mucho lo que se ha logrado, pero es mucho lo que aún queda por realizar.

Muchos años de dictadura, de autoritarismo, de persecuciones, de violencia, de populismo y frustración dejaron huellas profundas en la sociedad argentina y en el aparato del Estado.

Además, la democracia política para que sea valorada es necesario integrarla a una democracia económica y social. Porque la pobreza, la explotación económica y la injusticia social, en definitiva constituyen bombas de tiempo contra la consolidación de los procesos políticos democráticos.

Las llamadas revoluciones conservadora que se han conocido en los últimos años en diversas partes del mundo e incluso en nuestro propio país, con sus procesos de desestatización, privatizaciones indiscriminadas, concentración monopólica y fundamentalismo de mercado, han empeorado las condiciones de vida de amplios sectores de la clase obrera y de las clases medias.

El discurso y las políticas conservadoras y populistas más allá de los resultados dispares en la políticas de estabilización monetaria, ajuste y equilibrio fiscal, produjo al mismo tiempo la desprotección de los consumidores que se encontraron sometidos a la acción despiadada de grandes empresas comerciales a las que únicamente les importa el máximo lucro con el mínimo de inversión y en el menor tiempo posible.

La corrupción generalizada y el desprestigio creciente de la clase política no pueden desvincularse de las consecuencias de la colonización del espacio político por parte de los intereses particulares y corporativos.

Para consolidar la democracia, hoy, lo avanzado, y progresista, consiste en articular mecanismos que permitan a la sociedad transformarse a sí misma.

El incremento de la capacidad de intervención de los consumidores y usuarios, a través de sus entidades, permitirá la aparición de contrapoderes sociales en un mercado cada vez más controlado por las multinacionales, donde la calidad de vida queda sometida a intereses lejanos e imperceptibles para el ciudadano.

En esta perspectiva histórica de democratización de la economía, las cooperativas se convierten en agentes activos del cambio social en libertad.

El crecimiento económico realizado a través de las entidades solidarias deben propugnar la realización de tres objetivos sociales: un puesto de trabajo para todos; la disminución progresiva de la irritante desigualdad social y una mayor calidad de vida para los ciudadanos.

La sociedad actual de economía mixta de base capitalista, puede y debe ser transformada por una nueva sociedad también de economía mixta, pero de base cooperativa, con un poderoso sector de economía social.

El proceso económico mundial actual indica la conveniencia de avanzar hacia una sociedad con rostro humano, construida por muchos que tienen poco, imbuidos de espíritu solidario, para reafirmar las aspiraciones más elevadas de una vida mejor. Hay que construir un estado moderno en un país solidario.

La cooperación hace del individuo un hombre y de la unión de los hombres una verdadera sociedad. Una sociedad auténticamente democrática, en la que los ciudadanos no solamente puedan elegir a sus gobernantes, sino que además tengan la posibilidad de vivir dignamente.

El desafío de la hora actual consiste en desarrollar la cogestión en el sector público, y la autogestión en la actividad privada posibilitando la activa participación de los usuarios, los trabajadores y los consumidores en la administración y dirección de empresas solidarias, sin fines de lucro, que tengan como objetivo la provisión de bienes y la prestación de servicios al precio justo.

En este sentido las cooperativas han demostrado que pueden actuar con eficiencia, recursos financieros propios y una práctica perfectible de la democracia económica y social.

Si rectificamos el rumbo actual a todas luces regresivo que compromete seriamente las libertades públicas conquistadas 32 años atrás, y si avanzamos en la dirección indicada, la próxima década seguramente permitirá sentar las bases de una argentina moderna, progresista, humanista y solidaria.

Héctor Polino
Fundador y Representante Legal de Consumidores Libres
Diputado Nacional (M.C) – Partido Socialista