11/05/2005: ACTA ACUERDO ENTRE EL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y LA EMPRESA CONCESIONARIA EDELAP S. A.

 Sr. Polino.- Señor presidente: voy a fundar la posición del bloque Socialista por el rechazo de esta Acta Acuerdo, de esta acta de entendimiento.

             Voy a fundar con datos de la propia empresa las razones por las cuales venimos a pedir que en una votación nominal la Cámara se pronuncie sobre esta cuestión.

            Voy a transmitir con total responsabilidad una sensación y hasta una convicción: esta Acta Acuerdo es un caso concreto y elocuente de corrupción. Para firmarla seguramente hubo coimas. Y el presidente de la República debería actuar frente a los comentarios del periodista Joaquín Morales Solá quien señaló que embajadores de países extranjeros habrían manifestado su preocupación por pedidos de coima. Si se quisiera dilucidar esta cuestión debería investigarse a los funcionarios que suscribieron el acta.

            Llamo a la reflexión a los diputados del partido Justicialista, que pertenecen a un partido popular con el que hemos tenido grandes desencuentros y coincidencias, para que mediten bien antes de votar afirmativamente esta acta, porque esto seguramente no termina aquí. Esta cuestión también va a ir a los tribunales penales porque nadie, si no es a través de una contraprestación en dinero, graciosamente va a prestarse a otorgarle importantes beneficios económicos a una empresa de carácter comercial. No seamos ingenuos.

            Aquí no se trata de una cuestión ideológica, filosófica, religiosa o política, por la cual uno  a veces entrega la libertad y hasta la propia vida. Acá se trata de una empresa que viene operando desde 1992, que tiene una concesión a perpetuidad, que obtuvo ganancias fabulosas durante el período de la convertibilidad y que sigue teniendo importantes ganancias operativas, de acuerdo con los balances de la propia empresa y a pesar de los enormes gastos a los que luego me referiré en particular.

             A pesar de haber abultado los gastos en el último período, según su propia documentación, la empresa sigue teniendo ganancias operativas.

             Por otra parte, el déficit financiero se debe a una decisión voluntaria que en su momento tomó la empresa ‑como tantas otras‑, que en lugar de reinvertir parte de las enormes ganancias obtenidas optó por repartirlas en concepto de dividendos entre los accionistas. Posteriormente decidió endeudarse en dólares en el exterior, en la mayoría de los casos con empresas vinculadas, porque la tasa de interés en dólares era más barata que la que surgía de endeudarse en la Argentina en pesos. ¡Se prestó dinero a sí misma! Ahora pretende que con aumentos de tarifas y otros privilegios sean los usuarios los que financien esas decisiones empresarias.

            ¡Aquí existe corrupción! ¡Sin corrupción esta Acta Acuerdo no hubiera sido posible! Tampoco hubiera sido posible que se suscribieran otras Actas Acuerdo que se han debatido en audiencias públicas, a las que he asistido, rebatiendo los puntos de vista de las empresas, con la documentación de esas mismas empresas. Esto ocurrió con las cuatro terminales portuarias del puerto de Buenos Aires.

             El señor presidente de la República, en declaraciones formuladas en las últimas horas, solicitó que se aportaran datos concretos. Yo aporto el dato concreto de esta Acta Acuerdo, que debería ser rechazada esta noche porque no queremos entrar en la trampa del no pronunciamiento y de la aprobación ficta o tácita que, contraviniendo lo que dice la Constitución Nacional, este Congreso aprobó en su momento.

            Además, quiero recordar que por ley continúa vigente la emergencia económica y social hasta el 31 de diciembre de este año. Seguramente el Poder Ejecutivo nos solicitará alguna prórroga. Sin embargo, la emergencia no rige para las empresas.

            Coincido con los planteos de la minoría en cuanto a que no se han respetado los procedimientos formales, especialmente por el hecho de haberse omitido la intervención de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN. Estos incumplimientos formales no pueden ni deben ser soslayados. En un Estado de derecho las formas son tan importantes como el fondo. ¡No quisieron poner la firma en un Acta Acuerdo tramposa! Si llegara a aprobarse va a significar un escándalo mayor que la “ley Banelco”.

            Reitero: ¡sin coimas no es posible conseguir que haya funcionarios públicos que firmen todo esto!

            En cuanto a la cuestión de fondo, debo manifestar que se están disponiendo aumentos que alcanzarán el 23 por ciento. Además, existe un mecanismo para mantener la remuneración de la concesionaria en moneda constante, de manera de disminuir la incertidumbre como consecuencia del comportamiento de los precios relevantes para el costo del servicio.

            Como si eso fuera poco, se dispone que ante eventuales variaciones de uno o varios de los precios de la economía que tengan impacto sobre el costo del servicio se realizará una actualización del cuadro tarifario. El ENRE será el encargado de llevar a cabo una revisión semestral de costos e ingresos cuando la variación del índice sea igual o superior al 5 por ciento del total de los costos, de acuerdo con la fórmula establecida en el Acta Acuerdo de Renegociación Integral.

            Cuando la variación del índice sea superior o igual al 10 por ciento, el concesionario podrá requerir un análisis extraordinario de sus costos. Asimismo el régimen tarifario del período de transición se clausura con la realización de una revisión tarifaria integral, cuyos efectos entrarán en vigencia el 1° de febrero del año próximo, mediante la cual se fijará un nuevo cuadro tarifario, conforme a lo estipulado en la ley 24.065.

            En el informe de justificación de la Carta de Entendimiento suscripta con la empresa -pido a los señores diputados que presten mucha atención a todo lo que voy a decir, porque sirve de fundamento para mi seria y grave acusación de que aquí hubo coimas-  se expresa que los costos e ingresos considerados en el análisis están basados en la información económico-financiera de los servicios regulados y no regulados presentada por la empresa en respuesta a los requerimientos, primero, de la ex comisión renegociadora y luego de la UNIREN.

            Esta información surge de los registros contables de la empresa, es decir, son datos declarados por la propia EDELAP y auditados con la metodología usual para las empresas comerciales. Este aporte de datos está limitado por la inexistencia de una contabilidad regulatoria debidamente probada, avalada y controlada desde los inicios de la concesión. Esto consta en la página 60.

            Es decir que en pleno estado de emergencia, cediendo a las pretensiones de la empresa y tomando como único argumento los datos proporcionados por ella, se disponen aumentos que van a dificultar, sin duda, la reactivación de la economía y, de manera indirecta, de las economías de los sectores residenciales.

            A menudo se argumenta para justificar estos incrementos que se pretende recomponer la gravosa situación financiera por la que atraviesa la empresa como consecuencia de la crisis nacional.

            Si analizamos los balances de EDELAP observamos que durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2004, la demanda aumentó en un 6 por ciento respecto de igual período del año anterior. Sin embargo, el resultado operativo de la empresa al 30 de septiembre de 2004 ha arrojado una pérdida de 4.408.800 pesos, y para el mismo período del año anterior hubo un quebranto de 5.834.818 pesos.

            Pese a estos resultados negativos, la empresa ha continuado gastando. Observen los datos: en concepto de honorarios de gerenciamiento a una de sus controlantes, la empresa Luz de la Plata S.A., se pagaron 2.477.984 pesos; en viáticos y gastos de representación, 256.625 pesos; en otros honorarios, 1.033.046 pesos y, en comisiones bancarias, 487.797 pesos. La mayor pérdida la registra en sus resultados financieros, que fueron de 10.884.750 pesos al 30 de septiembre de 2004, mientras que en igual fecha del año anterior el quebranto ascendió a 1.096.159 pesos. Esto hace que la pérdida neta al 30 de septiembre de 2004 sea de 14.801.726 pesos, es decir, bastante mayor que la del mismo período del año anterior, que había sido de 6.053.022 pesos. Frente a estos resultados cabe preguntar si estamos frente a un negocio no rentable o en realidad ante una empresa que no se administra en forma eficiente.

            Gran parte de esta pérdida es producto del enorme endeudamiento financiero, pero estos avatares que forman parte del riesgo empresario no deben ser trasladados a los usuarios. Sin embargo, a fojas 61 del informe de justificación de la carta de entendimiento se dice que la rentabilidad considerada en el análisis tiene por objeto, entre otras cosas, generar un excedente de caja que permita a la empresa discutir con los acreedores financieros una refinanciación de sus deudas.

            Así las cosas, resulta exagerado, injustificado e improcedente garantizar niveles de riesgo acotados que otorguen certidumbre a la remuneración del servicio y a la cobertura de sus costos, pues no puede soslayarse el significativo impacto que estos aumentos provocarán en la economía general del país.

            En cuanto a las multas adeudadas, tal como ya lo señalaron las señoras diputadas Leonelli y María América González, la empresa podrá diferirlas a ocho y diez años de plazo. Pero además hay algo que es muy grave. Primero, las multas son muy superiores a las cifras que se dieron.

            Hay tres tipos de multa. Las que figuran en el punto 10.2.1 son multas que se adeudan al Estado por 4.434.964 pesos. Las que corresponden al punto 10.2.2, totalizan 24.225.665 pesos, pero constituyen un crédito de los usuarios. Por su parte, el tercer caso se refiere a multas vinculadas con el ENRE por 19.910.085 pesos. Pero el total de las multas impagas es de 48.570.715 pesos. Yo quisiera saber quién autorizó a los funcionarios de la UNIREN para que renegocien con la empresa el pago de las multas cuyos acreedores son los usuarios, no el Estado, a ocho y hasta diez años de plazo. ¿Cómo es posible que el Estado reemplace la voluntad de los usuarios si no se trata de sus créditos? En todo caso, el Estado podrá renegociar sus créditos pero no los que pertenecen a los usuarios.

–          Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Camaño.

Sr. Polino.- Por otra parte, los del Estado no son créditos personales de los funcionarios que actuaron en la renegociación, pertenecen al conjunto de la sociedad argentina. ¿Desde cuando el Estado sustituye ‑sin consultar‑ a los usuarios en los créditos que estos tienen y que los podrían ejecutar por medio de acciones judiciales a la empresa para cobrarlos de inmediato por los daños y perjuicios que aquélla les ocasionó? En este caso el Estado sustituye la voluntad de los usuarios y renegocia esos créditos como si fuesen propios.

            ¿Por qué entonces no incluyeron una cláusula para que la empresa refinancie a ocho y diez años de plazo las deudas de los usuarios empobrecidos, de quienes perdieron el empleo o de aquellos a los que no les alcanza lo que perciben para pagar las facturas?

            Esto es una irresponsabilidad. Por eso yo me pregunto si estos favores se hacen gratuitamente, sin contraprestaciones dinerarias. Estos favores sencillamente se hacen si hubo coimas.

            El ENRE, conforme lo establece el artículo 56 de la ley 24.065, tiene responsabilidad primaria en las tareas de control de las concesiones de electricidad de jurisdicción nacional.

            Sin embargo, los informes aportados por este organismo, en correspondencia con los sucesivos pedidos de la UNIREN, no contienen todas las respuestas a los interrogantes planteados, y en muchos casos no contienen la particularidad del alcance y la profundidad prevista originariamente en el requerimiento de información.

            Estas fallas obstaculizan un adecuado control de las obligaciones a cargo de la empresa, planes de inversión, la calidad del servicio, rentabilidad, trato a los usuarios, etcétera.

            Esta situación quedó reflejada cuando en el informe de justificación de la carta de entendimiento, ante la pregunta sobre cuál es el estado de cumplimiento de los contratos al momento de la renegociación, se reconoce que el sistema central que se aplicó para juzgar el desempeño de estos contratos se basó en la medición periódica de la calidad del servicio prestado.

            Este sistema establece que cuando se superan los límites tolerados en el contrato de concesión, corresponde la aplicación de sanciones económicas, las cuales actúan como incentivo para que el concesionario mejore la prestación del servicio, a través del manejo de los gastos de operación, de mantenimiento y de las inversiones.

             Los resultados de la aplicación de este sistema ponen de manifiesto que tiene insuficiencias que deben ser corregidas, incluyendo la aplicación de controles preventivos. Existen indicios para presumir que la ausencia de este tipo de controles, entre otros, facilitó a algunos concesionarios disponer de niveles retributivos por encima de los valores razonables, aunque esta circunstancia se produjo dentro de las reglas que se establecen para su desempeño y, por lo tanto, no podrían considerarse un incumplimiento del contrato.

             Por su parte, la Auditoría General de la Nación señaló que la distribuidora no cumplió en tiempo con lo establecido en la resolución ENRE 465/96, donde se indica que antes de treinta días corridos del inicio de cada semestre se deberá remitir una base de datos con todos los centros de transmisión.

             “Tampoco han cumplido –dice la Auditoría- con lo que se establece en la resolución ENRE 465/96, punto 2.4, sobre implementación de la campaña de medición. Con relación a la calidad del servicio el ente regulador no ha adoptado ninguna resolución respecto de la gran cantidad de reclamos efectuados por los usuarios, acerca de los cuales no correspondería  eximir de responsabilidad a las distribuidoras, por no haberse verificado en dichos casos  incumplimientos por caso fortuito o fuerza mayor, a pesar de haber sido alegados estos eximentes por ellas en su oportunidad.

             “Los usuarios afectados por interrupciones del servicio deberían haber sido resarcidos con la bonificación correspondiente, dado que el ente rechazó en su oportunidad las presentaciones en descargo de la distribuidora, pero a más de dieciocho meses de los hechos, aún no han sido notificados de ello.

             “El ENRE no ha aprobado aún la versión definitiva del sistema informático implementado con la distribuidora para la realización del seguimiento de la calidad del servicio técnico. El ente no realizó el análisis ni las imputaciones correspondientes al control de la calidad del servicio técnico durante el segundo semestre de la etapa dos porque aún no se sancionó el semestre anterior.

             No se efectuaron imputaciones a las distribuidoras sobre los desvíos en la determinación de perturbaciones realizadas sobre la base de las mediciones efectuadas durante el segundo semestre de la etapa dos.

             La campaña de medición se ha llevado a cabo en forma deficiente, sin contar con la auditoría adecuada y con un pobre nivel de cumplimiento. Habiendo concedido sucesivas prórrogas, el ENRE ha eximido a las distribuidoras de efectivizar el cumplimiento de sus resoluciones 465/96 y 527/96, por lo que la campaña de medición se habría efectuado con los equipos utilizados en la etapa uno, de antigua generación, transferidos por la ex empresa SEGBA y cuestionados oportunamente por esta Auditoría General de la Nación en informes de auditoría realizados con anterioridad.

             “Se observa una baja actitud sancionatoria del ENRE frente al accionar de las distribuidoras, generando gran cantidad de reclamos bajo las figuras del caso fortuito o la fuerza mayor. Pero a pesar de esa baja actitud sancionatoria, en lugar de hacer cumplir las sanciones aplicadas ahora se difiere el pago a ocho y diez años. Se concluye que en el período auditado correspondiente al primer semestre en la etapa dos, el ENRE, a pesar de estar en conocimiento de la situación global, que lo ha desbordado y lo ubica desfavorablemente frente a las distribuidoras, no toma las adecuadas decisiones al aplicar las normas que el propio organismo dictó. En consecuencia, en los períodos auditados, correspondientes al segundo y tercer semestres de la etapa uno, el ENRE, en pleno conocimiento de la situación y notando claramente que la campaña de medición se desarrollaba en franca declinación, no cumplió su función de control sobre la correcta verificación de la calidad del producto técnico suministrado y el servicio técnico prestado…”

 Sr. Presidente (Camaño).- Señor diputado: le ruego que vaya redondeando su exposición.

 Sr. Polino.- “…permitiendo la utilización por parte de las distribuidoras de un equipamiento inadecuado para dicha campaña de medición.”

             Otro punto a destacar son los llamados gastos de la empresa en concepto de operador técnico. De acuerdo con información suministrada, para el período 1999-2003 EDELAP ha contabilizado dentro de los gastos la remuneración al operador técnico entre 3.300.000 y 3.800.000 pesos por año. Esto es corrupción; es eludir ganancias. Aquí la AFIP tiene la pista para ver a los grandes evasores. A partir del quinto año de la concesión el ENRE no ha considerado como gasto reconocido los montos previstos para el pago del operador técnico.

             Veamos lo que ha pasado con respecto a las inversiones, que es un tema sustantivo. En materia de inversiones a realizar por la empresa no sólo se ha incluido en la tarifa el plan de inversiones, con lo cual en realidad será abonado por los usuarios, sino que además se han aprobado inversiones por debajo del nivel propuesto por la empresa. Esto es insólito.

             Sé que el tiempo se está agotando, señor presidente, pero lo que estoy diciendo es muy importante; lo que también se está agotando es la paciencia de la gente que tiene que soportar estas cuestiones.

             Con respecto a las inversiones a realizar por la empresa, no sólo se han incluido en la tarifa, como dije, sino que también se aprobaron inversiones por un monto menor al que la empresa propuso.

            EDELAP presupuestó para el año 2005 inversiones por 20.547.000 pesos; para el año 2006, 18.190.000 pesos; para el año 2007, 27.242.000 pesos, y para el año 2008, 30.078.000 pesos.

             Sin embargo, las inversiones que finalmente se aprueban en el acta de entendimiento son por 15.009.000 pesos para el año 2005, sin previsiones para el resto de los años. 

             ¿A dónde han ido a parar o a dónde irán a parar, me pregunto, esos 5.538.000 pesos de inversiones que la empresa se comprometió a realizar y que ahora, en esta renegociación, quedaron sin efecto?

             Todos los días escuchamos a los funcionarios y también a los diputados en esta Cámara, decir que hay que crear condiciones para que las empresas inviertan, y resulta que la empresa ofrece invertir para el año 2005, reitero, 20.547.000 pesos, y en lugar de tomar ese ofrecimiento se le bajó el compromiso en 5.538.000 pesos.

             Si esto no es corrupción, ¿qué nombre puede tener? ¿A título de qué se le baja la obligación que la empresa voluntariamente ofreció invertir y en qué quedan todas las declamaciones para crear climas propicios para que se hagan inversiones, si en este caso las estamos desalentando?

             Es absolutamente desacertado el tratamiento que se ha dado a las renuncias a acciones judiciales, arbitrales o administrativas, en sede nacional o extranjera, que la empresa o sus accionistas hubieran iniciado contra el Estado.

             La carta de entendimiento prevé la suspensión de las mismas, debiendo la empresa y sus accionistas renunciar recién después de percibir los aumentos tarifarios, quedando a salvo el derecho de los accionistas minoritarios de continuar o iniciar futuros reclamos con fundamento en la emergencia.  Esto es inadmisible.

             La renuncia debe ser lisa y llana, sin admitirse ningún tipo de condicionamiento, no sólo por parte de la empresa sino también de sus accionistas, para que todos podamos quedarnos tranquilos con respecto a lo que puedan hacer en el futuro.

             La Cámara conoció a lo largo del tiempo el grado de seriedad y responsabilidad con que he venido abordando los temas. Si hoy he dicho las cosas que escucharon es porque tengo la convicción de que si en este tema algunos funcionarios no cobraron coimas deberían ser despedidos por inútiles, incompetentes y negligentes.  Porque un funcionario que está defendiendo intereses públicos nunca pudo haber firmado un acta acuerdo de esta naturaleza. Y si los señores diputados y senadores hubiesen leído con detenimiento las cláusulas leoninas de esta Acta Acuerdo, nunca hubieran podido producir este dictamen cuya aprobación piden. Hubieran venido a reivindicar el honor de este Congreso al rechazar algo que es sospechoso de ser corrupto.

             Termino recordando una frase del ex diputado Julio V. González, hijo de ese gran escritor que fue Joaquín V. González, quien dijo: “La culpa no es tanto de los que nos compran como de los que nos venden.”

             Espero que esta noche aquí se reflexione seriamente sobre el paso que se va a dar. Es mucho más importante a esta altura de los tiempos reivindicar el rol del Congreso y la honra de todos y de cada uno de nosotros, rechazando este acuerdo por ser absolutamente inconveniente a los intereses generales del país y a los intereses particulares de millones de usuarios.

Sr. Polino.- Pido la palabra.

 Sr. Presidente (Camaño).- ¿A qué efectos, señor diputado?

 Sr. Polino.- Simplemente quiero decir que no me voy a rectificar de lo que he dicho y que, por supuesto, en su momento voy a concurrir a la Justicia, como lo hice tantas veces.