Polino puso el foco en la especulación y la falta de controles como causas del aumento en los precios en la canasta básica

Nota: Nueva Era 9/10/20

El referente socialista, exdiputado nacional y representante legal de la ONG Consumidores Libres brindó una Entrevista a NUEVA ERA en la que abordó las causas en los altos índices de aumento en los productos de la canasta básica.

Polino puso el foco en la especulación y la falta de controles como causas del aumento en los precios en la canasta básica

El referente socialista, exdiputado nacional y titular de la ONG Consumidores Libres brindó una Entrevista a NUEVA ERA en la que abordó las causas en los altos índices de aumento en los productos de la canasta básica. Además, reflexionó sobre la realidad de su partido tras perder la provincia de Santa Fe, el municipio de Rosario y casi todos los representantes en los poderes legislativos y opinó sobre las gestiones de Macri y Fernández al frente del Poder Ejecutivo (ver aparte).
 
Héctor Polino, titular y fundador de la ONG Consumidores Libres, nació el 14 de febrero de 1933. A sus 87 años, sigue siendo un ferviente luchador en defensa de los derechos de los trabajadores.
 
Ocupó una banca como Diputado Nacional por el Partido Socialista durante 12 años (1993-2005), en los cuales obtuvo el Premio Parlamentario como Mejor Diputado Nacional en 3 ocasiones. Pero en los restantes nueve años de desempeño fue segundo (2 veces), tercero (3 veces), cuarto (2 veces) y quinto (2 veces). Si se tiene en cuenta que la Cámara es ocupada por 257 miembros, se tendrá una cabal dimensión de lo que ello significa.
 
Volcado de lleno a la defensa del consumidor, NUEVA ERA le consultó -haciendo un juego de palabras quizás demasiado obvio con el nombre de la ONG- si somos libres los consumidores. Polino respondió que “teóricamente, somos libres de elegir, de hacer y deshacer. Pero el sistema económico vigente nos transforma en esclavos o prisioneros de determinados grupos económicos que tienen una posición dominante en el mercado y prácticamente no tenemos alternativas. Sería muy bueno que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente cuanto antes la Ley de Góndolas -aprobada en febrero de este año- porque esa ley abre la competencia en los supermercados. Porque están obligados a ofrecer y exhibir productos elaborados por las pymes, por las empresas  campesinas, indígenas, cooperativas y mutuales y que tendrían reservados espacios en las góndolas de los grandes supermercados. De ese modo, los consumidores podríamos tener un mayor margen de libertad para poder elegir el producto que tenga el precio más acorde a nuestras posibilidades y un precio más razonable y, de esa manera, dejaríamos de ser esclavos de esos grandes grupos económicos que son los que ocupan con productos que ellos elaboran con distintas presentaciones y distintas marcas y ocupan el 100 por ciento del espacio de las góndolas. Con la reglamentación de la ley podríamos adquirir un mayor margen de libertad”.
 
Que los precios de la canasta básica han subido de forma exorbitante no es novedad. El cuestionamiento es a qué se deben esos aumentos. “Son totalmente injustificables los fenomenales aumentos que se vienen produciendo en los productos de consumo masivo. Los salarios a los trabajadores se les paga en pesos, la carga impositiva es en pesos y el producto se hace con materia prima argentina, que también es en pesos. No puede ser que ese precio del producto esté dolarizado. Si la estructura de costos en la inmensa mayoría de los productos está en pesos, no puede ser que al precio final lo dolaricen”, cuestionó.
Añadió que “en un momento en que las tarifas de servicios públicos, (energía eléctrica, gas natural, agua potable) están congeladas, que hasta el 17 de agosto estuvieron congelados los precios de los combustibles, que continúan congeladas las tarifas de los peajes -tanto en rutas nacionales como provinciales-, que los salarios de los trabajadores no aumenta sino que en muchos casos bajaron, en un momento en que está vigente el Programa de Precios Cuidados y de Precios Máximos, es un absurdo y es totalmente injustificable los fenomenales aumentos que se vienen produciendo en los productos de consumo masivo”.
 
Esos aumentos, según Polino, se producen “por las dudas” y se deben “a la especulación y a la falta de controles, ya que en la Argentina no se cumple con las normas legales vigentes. No por casualidad, desde hace ya varios años, el país ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario. Quiere decir que algo estamos haciendo muy mal”.
 
“Eso puede pasar en los productos importados o aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado y en la medida de que ese componente importado incide en la estructura de costos. Pero dolarizar en la totalidad de los productos, es una verdadera especulación y un verdadero perjuicio al bolsillo de la inmensa mayoría del pueblo argentino, que no tiene sus ingresos dolarizados”, insistió.
Añadió que “en un momento en que las tarifas de servicios públicos, (energía eléctrica, gas natural, agua potable) están congeladas, que hasta el 17 de agosto estuvieron congelados los precios de los combustibles, que continúan congeladas las tarifas de los peajes -tanto en rutas nacionales como provinciales-, que los salarios de los trabajadores no aumenta sino que en muchos casos bajaron, en un momento en que está vigente el Programa de Precios Cuidados y de Precios Máximos, es un absurdo y es totalmente injustificable los fenomenales aumentos que se vienen produciendo en los productos de consumo masivo”.
 
Esos aumentos, según Polino, se producen “por las dudas” y se deben “a la especulación y a la falta de controles, ya que en la Argentina no se cumple con las normas legales vigentes. No por casualidad, desde hace ya varios años, el país ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario. Quiere decir que algo estamos haciendo muy mal”.
El control de precios debe ser ejercido por “la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y los diversos organismos provinciales y municipales de defensa del consumidor que tendrían que involucrarse en el control de los precios. Es más, hace un par de meses, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto autorizando a los intendentes municipales a involucrarse en el control de los precios de los productos de la canasta de alimentos”.
 
“Es muy difícil saber con exactitud en cada localidad cuál es la razón por la que no se involucran para ejercer el control. Lo cierto es que por desidia, por connivencia, por complicidad o por lo que fuere, no hay controles de los precios y no se hacen cumplir las normas legales vigentes. Por ejemplo, eso ocurre con la Ley nacional de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial o la Ley que crea el Observatorio de Precios y que aprobó el Congreso Nacional en el 2014. ¿Qué dice esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación con representantes de tres entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios de modo tal de que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Hoy, cuando vas al almacén, a la carnicería, a la verdulería, a la panadería o al supermercado del barrio, te encontrás con que ha aumentado el precio de la leche, de la yerba, del café, etc. pero no sabés quién es el responsable. ¿Es el comerciante, el productor, el fabricante, el mayorista, el intermediario, el minorista, el transportista? No lo sabemos, porque no se aplica la Ley del Observatorio de Precios”, subrayó y acotó que la ley “es del año 2014, pasaron ya varios años y nunca se la puso en funcionamiento”.
 
También expuso que fue coautor de la Ley nacional de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio y que “esa ley estuvo vigente durante 15 años y nunca se la puso en funcionamiento. Incluso se la derogó. Y el Congreso Nacional, en mayo de 2018, dicta una nueva ley -denominada de Defensa de la Competencia- sobre la base de proyectos presentados por diputados y senadores del oficialismo y de la oposición de ese año. La ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, pero pasó el resto del 2018, todo el 2019 y ya estamos en octubre de 2020 y no se designaron los miembros para ese tribunal. ¿Es una tarea tan complicada designar a los miembros de un tribunal de defensa de la competencia? ¿Tan difícil les resulta, tanto al Poder Ejecutivo del gobierno anterior como del actual, escoger cinco personas para designarlas en esa función? Sin dudas, no hay voluntad política. No sé si es connivencia o desidia, pero lo que sí sé es que es absolutamente injustificable que a lo largo de  estos dos años y medio no se haya podido hacer la designación de estos funcionarios públicos cuando se designan por centenares en los diversos organismos nacionales, provinciales y municipales”, se quejó.
 
Grupos económicos extranjeros
 
Polino afirmó también que “hoy, 28 grandes empresas -todas de capitales extranjeros- concentran el 80 por ciento de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esos 28 grandes grupos económicos. Hoy, cinco grandes cadenas de supermercados -cuatro, de capital extranjero- concentran el 65 por ciento de las ventas minoristas en el país. No es tan complicado, si hubiera voluntad política, controlar a esas cinco grandes cadenas”.
 
“Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolios y la cumplen en su país. ¿Por qué nosotros tenemos que ser ‘más papistas que el Papa’ en la relación con los grandes grupos económicos que son, al mismo tiempo, formadores y deformadores de precios? Además, obtienen ganancias extraordinarias y escandalosas y, en la mayoría de los casos, tan solo reinvierten una parte en el país y el resto la giran al exterior. Incluso van a parar a paraísos fiscales”, enfatizó.
 
Como ejemplo de la especulación, propuso lo que ocurre con la leche fluida: “El gobierno actual, a raíz de la pandemia, el 20 de marzo puso en funcionamiento un programa denominado Precios Máximos, con precios de referencia vigentes al 6 de marzo de este año. Durante abril, mayo, junio y julio estuvieron vigentes los precios de referencia de marzo. A partir del 1 de agosto, el Gobierno hizo una renovación del programa, por 60 días, en donde establece aumentos que van entre el 2,5 y el 5 por ciento. A la leche en sachet le autorizó un aumento del 3 por ciento, pero la empresa Mastellone -de la marca La Serenísima-, a este 3 por ciento autorizado, le agregó otro 3 por ciento de aumento en concepto de fletes. Es decir, viola abiertamente la resolución de la Secretaría de Comercio interior de la Nación”.