18/08/2004 – INFORME RENDIDO POR EL JEFE DE GABINETE DR. ALBERTO FERNANDEZ

 Sr. Presidente (Camaño).-  Tiene la palabra el señor diputado por la Capital. La Presidencia le aclara que  ha mejorado su tiempo, ya que ahora tiene un minuto.

 Sr. Polino.- Señor presidente: espero que se tenga cierta elasticidad.

 Sr. Presidente (Camaño).-  El tiempo lo ponen ustedes, señores diputados.

 Sr. Polino.- Señor presidente: en la exposición del señor ministro no hubo una sola referencia al tema de los servicios públicos, a pesar de que todos los días ocupa varias páginas en los medios de prensa, sobre todo los escritos. En este sentido, advierto que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo una política que desconoce el rol que debe cumplir el Congreso Nacional, y creo que estamos desaprovechando una magnífica oportunidad para rediscutir el rol del Estado en relación con los servicios públicos que fueron privatizados en otra época, con los lamentables resultados que todos conocemos.

          Al respecto voy a citar brevemente cinco casos. Cuando el 31 de octubre del año pasado vencieron las concesiones viales en las rutas nacionales otorgadas por el sistema de peaje, el Poder Ejecutivo tomó una decisión positiva, consistente en no acceder a las peticiones de las empresas de prorrogar los contratos. ¿Qué sucedió? En lugar de volver a discutir con el Parlamento qué hacíamos en esa materia, el gobierno, por sí y ante sí, resolvió llamar a una nueva licitación para reprivatizar esas concesiones. Incluso a la licitación se presentaron algunas empresas a las que tiempo antes el Poder Ejecutivo había acusado de no haber hecho las inversiones correspondientes.

          En el caso del correo, también se tomó una decisión correcta que mereció el aplauso general, ya que resolvió rescindir el contrato con la empresa Correo Argentino por falta de pago del canon y por el incumplimiento de una serie de compromisos establecidos en el contrato de concesión. Sin embargo, en lugar de respetar lo establecido en el inciso 14 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que atribuye al Congreso la facultad de arreglar y establecer los correos generales de la

Nación, permitiendo que rediscutiéramos qué se hacía con este servicio ‑si lo volvíamos a estatizar o a privatizar‑, el Poder Ejecutivo resolvió reprivatizarlo.

          Con respecto al tema de Aguas Argentinas, que era la empresa paradigmática para rescindirle el contrato de concesión por los múltiples y reiterados incumplimientos, la Unidad de Renegociación firmó un acta acuerdo con la empresa, y luego el Poder Ejecutivo, en lugar de someterla a la consideración del Congreso para que la aprobáramos o rechazáramos, dictó un decreto aprobando el acuerdo, que después envió al Parlamento para su ratificación, en violación de lo que establece el artículo 4° de la ley 25.750.

         También se firmó una carta de entendimiento entre el Estado nacional y las empresas telefónicas, para que éstas no aumentaran las tarifas en lo que resta de este año. Es decir que no se aprovechó la oportunidad para discutir el fondo de la cuestión, que es que las empresas telefónicas no sólo no tienen derecho a aumentar las tarifas sino que debieran bajarlas por los múltiples incumplimientos y las ganancias excesivas que tuvieron a lo largo de estos años de concesión.

         Otra de mis preguntas está referida a los entes reguladores. Por ejemplo, hay un ente que históricamente viene siendo intervenido por el Poder Ejecutivo: la CNC. Al frente de la Comisión Nacional de Comunicaciones el actual gobierno designó al señor Fulvio Madaro. Luego, esta persona pasó a presidir el ENARGAS. Raro privilegio de un funcionario, que puede pasar de la noche a la mañana de la CNC al Enargas.

          La CNC continúa intervenida, y el Enargas, que tiene cinco miembros, en este momento cuenta con un presidente, un vicepresidente y un vocal, es decir, tres personas, por lo que falta designar dos vocales más.

          Por su parte, en el ENRE, que tiene cinco integrantes, hay cuatro; al día de la fecha no se ha nombrado un presidente, y los cargos que se cubrieron no fue por medio de un concurso.

          Nosotros venimos reclamando hasta el cansancio que los miembros de los entes reguladores deben reunir algunas condiciones, como por ejemplo, ser independientes en relación con las empresas. Pero además deben ser personas idóneas, y la única manera de garantizar la imparcialidad y la idoneidad es con un concurso.

          Estamos desaprovechando una magnífica oportunidad de regularizar los entes de control a través de concursos transparentes, para que en verdad esos entes no sean una caricatura como hasta ahora, y controlen a las empresas frente a los abusos en los que éstas suelen incurrir. Si no hay un ente de control que las ponga en caja las empresas naturalmente tienen la voluntad, la intención y hasta la vocación de expandirse, de violentar las reglamentaciones en vigor y de mantener a millones de usuarios cautivos y sujetos a sus pretensiones.

 Sr. Presidente (Camaño).-  La Presidencia solicita al señor diputado por la Capital que redondee su exposición pues ya ha vencido su término.

 Sr. Polino.- Ya finalizo, señor presidente.

         No desaprovechemos la participación del Congreso en la redefinición de las políticas en materia de servicios públicos. El Poder Ejecutivo nacional no debe ver al Parlamento como un adversario ni mucho menos como un enemigo sino como uno de los tres poderes del Estado que, conjuntamente con el Ejecutivo, está en condiciones de redefinir estas políticas para bien del conjunto de la sociedad argentina.