Polino pidió que el Congreso analice nueva Ley de Insolvencia e impuesto a la riqueza

Nota: Diario La Mañana 

31/5/20

El referente de la Asociación Consumidores Libres consideró que el Gobierno nacional debe restablecer el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad

Medios nacionales informaron que un grupo de Asociaciones de Defensa de los Intereses de los Consumidores se presentará en los próximos días en el Congreso nacional para proponer un proyecto de Ley de Insolvencia Familiar, que intenta darles respuesta a aquellas familias que, en plena cuarentena, vieron engrosar sus deudas.

Por otra parte, se conoció que según la Consultora CERX, en promedio, cada familia adeuda $ 150.686. Hay pasivos con los bancos (por créditos personales, sobre todo), pero lo que más viene creciendo son las deudas “no bancarias”. Por ejemplo, la morosidad en las facturas de los servicios (energía eléctrica, telefonía, Internet y televisión por cable) ya alcanza al 70%.

En lo concerniente a este tema, el doctor Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, afirmó a La Mañana que si bien la entidad aún debe interiorizarse acerca de los diferentes aspectos abarcados por el nuevo proyecto, está a favor de que el Congreso nacional trate una nueva ley para contemplar la situación de todas aquellas personas que por el contexto sanitario y económico actual, se ven imposibilitadas de abonar sus deudas.

En esta línea, el profesional señaló que se tienen que contemplar aquellos casos que involucran a “deudores de buena fe, que tienen que enfrentar una situación especial, inesperada, y que no pueden caer en la insolvencia”.

“Aunque todavía no se publicó en detalle el texto de la ley, como iniciativa y como idea general, desde Consumidores Libres estamos totalmente de acuerdo”, añadió.

A continuación, el profesional se mostró a favor de que el Congreso nacional, que recientemente retomó sus actividades a través de medios digitales, pueda “tratar, discutir y aprobar cuanto antes” la nueva Ley de Insolvencia Familiar, al igual que la implementación del nuevo impuesto que impulsa la administración nacional para gravar los grandes patrimonios de la Argentina.

A su vez, detalló que de acuerdo a algunas estimaciones actuales, existen 12.000 grandes grupos económicos en la Argentina, que pagarían mayor carga impositiva si se aprueba la aplicación del nuevo gravamen. “Es la única manera de que el Estado pueda enfrentar la difícil situación actual”, aseveró.

“El Estado ve disminuidos sus ingresos como consecuencia de la cuarentena y de la caída de la actividad económica. Ingresan cada vez menos recursos vía impuestos a las arcas del Gobierno nacional y hay una mayor cantidad de recursos que deben ser destinados a afrontar los gastos derivados de la pandemia. Si no se establece un impuesto extraordinario, por única vez, a la riqueza y a los grandes grupos económicos, vamos a estar en una situación muy complicada”, explicó Polino a este diario.

Por otro lado, el letrado recordó que las autoridades nacionales cuentan con diversos instrumentos legales que deben ser puestos en marcha para controlar la cadena de valor de los alimentos y evitar especulaciones con los precios de los productos esenciales.

En este sentido, mencionó que existen la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de 2014, que crea el Observatorio de Precios, que en las circunstancias actuales “es muy importante y debe ser aplicada para poder determinar en qué eslabón de la cadena se produce una ‘distorsión’ de precios, para que el Gobierno actual pueda actuar rápidamente y restablecer la normalidad”.

También expuso que en mayo de 2018, el Congreso aprobó la Ley de Defensa de la Competencia, una norma “muy importante”, que tuvo su base en iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de ese entonces, con la cual se crea el Tribunal de Defensa de la Competencia, entidad que todavía no fue puesta en funcionamiento.

Asimismo, el exdiputado subrayó que la gestión nacional todavía no publicó el Decreto reglamentario de la denominada Ley de Góndolas, por lo cual pidió que la norma sea reglamentada lo antes posible, porque permitirá “que las PyMEs tengan el 25% de las superficies de las góndolas de los grandes supermercados, para poder exhibir sus productos”, lo cual “incrementará la competencia y va a impedir aquellas prácticas abusivas por parte de los grandes grupos económicos”.

“Para que la Argentina vuelva a ser un país normal, se tiene que restablecer el equilibrio que hay en todo país bien organizado entre el Estado, el mercado y la sociedad. Ese equilibrio se rompió hace varios años en nuestro país, debido a que el Estado tuvo gobiernos que ‘dejaron hacer’ libremente al mercado; es decir, a las grandes empresas; y eso operó en perjuicio de la sociedad, de los consumidores”, agregó.

“Por estos motivos, la Argentina consolidó en los últimos años el tercer lugar en cuanto a índice inflacionario, solamente superada por Venezuela y Sudán del Sur. Ese porcentaje de inflación altísimo que se mantiene hoy, aun con la cuarentena, se debe a ese desequilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, en favor del mercado, como consecuencia de la falta de acción del Estado, en perjuicio de la sociedad”, manifestó Héctor Polino.