Proyecto de DECLARACION
Artículo 1º: Crear la Secretaría de Desarrollo Regional, dependiente de la Presidencia de la Nación.
Artículo 2º: Esta Secretaría tendrá como objetivos fundamentales los siguientes:
1. Evaluar la marcha de los procesos productivos, sociales y territoriales que tienen lugar en las economías regionales extrapampeanas con el propósito de definir cursos de acción que apunten a elevar el nivel de vida de las poblaciones allí residentes y aseguren una adecuada inserción de los citados procesos en el marco de la globalización económica y la Integración Regional Latinoamericana.
2. Apreciar el impacto que las políticas económicas, sociales y territoriales que se generan desde el aparato del Estado están produciendo en las estructuras productivas, en el nivel de calidad de vida, en los procesos ambientales y en los ámbitos urbanos y rurales a fin de recomendar aquellos cursos de acción que minimicen los costos y maximicen los beneficios resultantes de tales impactos.
3. Diseñar políticas de programación del desarrollo regional a mediano y largo plazo, con el concurso activo de los sectores sociales directamente involucrados, a fin de revertir el atraso estructural y las serias dificultades actuales en las economías regionales extrapampeanas. Esta programación atenderá, especialmente, la adecuación de los sectores productivos locales y los respectivos niveles decisionales del Estado a las transformaciones deparadas por las renovadas exigencias de competitividad, en un marco de equidad social, y atendiendo a los procesos de apertura externa e integración regional latinoamericana.
Artículo 3º: La Secretaría contará con una organización basada en dos Direcciones Nacionales. Una, de Coordinación Administrativa y la otra de Estudios y Evaluación de los Procesos económico -sociales. La función de Subsecretario estará dedicada, con preferencia, a la supervisión de ambas Direcciones.
Artículo 4º: La Secretaría contará con la presencia de un Consejo Asesor de Desarrollo Regional, compuesto por representantes de los distintos sectores sociales del capital y del trabajo, de las organizaciones intermedias, de las Universidades y de otros sectores de la Sociedad Civil, de acuerdo a las normas instituídas por el Decreto Reglamentario de esta ley. Este Consejo deberá tomar parte activa en las decisiones fundamentales que se intenten adoptar y su presencia será obligatoria cuando se diseñen los Planes de Desarrollo a Mediano y Largo Plazo. La reglamentación de la ley incorporará los criterios para determinar las modalidades de funcionamiento y atribuciones de este Consejo Asesor.
Artículo 5º: De forma.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente
El objetivo de la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional descansa fundamentalmente en la urgente necesidad de enfrentar la profunda crisis estructural que hoy encaran las economías regionales periféricas de la Argentina ante las transformaciones que tienen lugar en el contexto socio-económico nacional e internacional. En realidad, la citada crisis estructural que alcanza a prácticamente todas las regiones extrapampeanas y que cubre la gran mayoría de los procesos productivos tradicionales en tales regiones no data del efecto generado por el proceso contemporáneo de Ajuste Estructural. Para ser leales con la verdad histórica, es preciso puntualizar que el actual fenómeno de incapacidad de competir externa e internamente, de deterioro absoluto de la rentabilidad en los procesos agroinductriales, de carencia de capacidad de acumulación para encarar un desafío integral a los requerimientos de una mayor capacidad competitiva y de inexistencia de un necesario apoyo estatal para un ordenado y equitativo proceso de reconversión reconoce antiguas raíces históricas. Estructuras productivas donde predomina la pequeña producción o el minifundio, importante presencia de formas de tenencia que excluyen al productor del mercado financiero formal, sistemas de comercialización altamente expoliadores, fuertes carencias en la calidad de vida de la población asociada a las actividades rurales y sus apoyos urbanos, etc. fueron, desde largo tiempo atrás, características dominantes en el proceso de producción en las citadas economías extrapampeanas. A ello se agregó, desde siempre, una baja presencia de experiencias industrializadoras de las materias primas o alimentos producidos en dichas regiones pues, en muchos casos, se remiten a otros centros de procesamiento insumos que podrían, de ser transformados in situ, agregar valor e ingresos a factores productivos locales.
El tratamiento integral de la situación de las economías regionales no ha sido encarado, hasta ahora, por el actual gobierno constitucional lo que, sumado al agravamiento de la crisis por acumulación de los fenómenos apuntados y a las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía argentina, impone una respuesta urgente y global.
Por lo arriba expuesto propongo la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional, dependiente de la Presidencia de la Nación, encargada de coordinar e implementar las acciones integrales que se requieren para revertir, en el menor plazo posible, las indeseadas consecuencias sociales que el actual proceso de concentración económica, emigración, abandono de predios, rentabilidad negativa e insuficiente proceso de capitalización en la mayor parte de las unidades productivas agroinductriales de las economías extrapampeanas.
La Secretaría de Desarrollo Regional ya funcionó, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, durante el anterior gobierno constitucional. Lamentablemente, su accionar fue insuficiente para satisfacer las ya existentes necesidades de los sectores productivos del Norte, del Oeste y del Sur argentino. La yerba mate, el té, el tung, el algodón, el poroto blanco, la vitivinicultura, el azúcar, la horticultura, la fruticultura, la lana, el arroz, la avicultura, etc. constituyeron, en su momento, preocupación central de esa Secretaría, no solamente en su faz agrícola sino también en los procesos asociados de comercialización, industrialización y transporte. Para ello, el Estado contaba con instrumentos y organismos de regulación que, bien administrados, orientados en la dirección apropiada y controlados por los sectores productivos involucrados, hubieran sido elementos favorables a una política de desarrollo regional tendiente a modificar los procesos estructurales que históricamente condenaban al atraso a amplios sectores sociales vinculados a tales actividades. Lamentablemente, esa Secretaría, en sus pocos años de funcionamiento no pudo encarar programas concertados de transformación de las condiciones productivas afectadas por situaciones de desajuste estructural y debilidad de acumulación. Durante el anterior gobierno constitucional, la citada Secretaría dedicó su mayor energía a la gestión de propuestas de neto carácter cortoplacista, sin encarar planes de carácter integral a largo plazo.
Esta iniciativa, en cambio, apunta a un objetivo distinto. Se crea un organismo que actúe por afuera de un Ministerio específico por cuanto la problemática regional es amplia, polifacética y abarca diversas áreas de múltiple contenido. Reducirla a una dependencia del Ministerio de Economía sería condenarla a un accionar solamente sectorial, desconociendo los procesos sociales que obligadamente estan asociados a los productivos y los fenómenos políticos que implica operar en jurisdicciones administrativas muy diversas. Al mismo tiempo, nuestro propósito es poner en marcha una estructura ágil, participativa, desburocratizada y con fuerte capacidad operativa para que los sectores sociales de las diferentes regiones encuentren en su funcionamiento un apoyo real y concreto y una caja de resonancias que opere con eficacia y la necesaria velocidad. En este sentido, afirmamos enfáticamente que el rol regulador del Estado, hoy drásticamente debilitado por una política que sólo ha logrado resultados negativos y de neto carácter regresivo para la gran mayoría de los productores regionales, debe ser plenamente restituído y reforzado, como ocurre en los países desarrollados del mundo a fin de defender, con eficacia, a los sectores sociales más débiles de la estructura económico-social de las citadas regiones.
En base a estas consideraciones es que propongo la creación de un organismo en donde los sectores sociales involucrados en los procesos regionales tengan una activa presencia, con marcada influencia en la definición de su cometido y en la implementación de sus decisiones. De ahí, la propuesta de la creación de un Consejo Asesor de Desarrollo Regional, con amplia facultades de consulta, asesoramiento y apoyo para que el futuro organismo sea el verdadero intérprete de los intereses y necesidades de los sectores sociales más postergados y afectados por la crisis estructural histórica y el actual desafío de la apertura externa y de la Integración Regional.
Su estructura deberá ser de tamaño reducido, con un sector dedicado a la producción de estudios y evaluaciones sobre la marcha de las economías regionales, que descanse, en muy alta medida, en la información y el aporte de otros organismos oficiales y/o privados de larga experiencia en la materia y que hoy se encuentran empeñados en diagnosticar la marcha de los citados procesos regionales. De este modo, la unidad técnica tendrá una dimensión limitada (no más de diez profesionales altamente experimentados) que recojan trabajos y estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del INTA, de las diversas dependencias del Ministerio de Economía, etc. y que sólo en forma ocasional y complementaria, efectúe estudios por iniciativa propia, para lo cual será inestimable el apoyo de los institutos de investigación y las universidades que trabajan sobre esta temática desde mucho tiempo atrás.
Esa Unidad Técnica, además, tendrá a su cargo el diseño de propuestas de programación del desarrollo regional a mediano y largo plazo y la evaluación del impacto de las políticas económicas, sociales y territoriales que surjan desde diversas instancias del Estado sobre las citadas economías regionales.
De este modo, tales propuestas de política o las citadas evaluaciones de impacto podrán ser conocidas en el seno del Consejo Asesor y adecuadamente estudiadas y discutidas para la ulterior toma de decisiones.
Un esquema posible de un proyecto de ley tendiente a la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional es el que queda bosquejado para que sea discutido y analizado por las instituciones de la sociedad civil interesadas en estatemática.
