El Gobierno suma a una ex ministra de Menem a la carrera por la Defensoría

Hacen falta dos tercios de ambas cámaras legislativas.

Se trata de Susana Decibe. También candidateó a Graciela Ocaña. El cargo está vacante desde 2009.

Nota: Clarín
11/11/16

La autora de la fallida Ley Federal de Educación que levantó fuertes polémicas en los 90, Susana Decibe, es la carta en la manga con la que se ilusiona el Gobierno para disputarle al Frente para la Victoria la designación del defensor del pueblo de la Nación, cargo vacante desde hace siete años.

El titular del interbloque de Cambiemos en el Senado, el correntino Pedro Braillard Poccard, dejó firmada la candidatura de la ex ministra de Carlos Menem ante la Bicameral de la Defensoría del Pueblo antes de volar a su provincia.

Al mismo tiempo firmó otra planilla, con la postulación de Graciela Ocaña. La ex ministra K, que ahora es legisladora porteña y participó en las elecciones de 2015 como aliada de Martín Lousteau, era el plan A de Mauricio Macri, hasta que desde el Congreso le pronosticaron nubarrones a la hora de negociar su nombre con la oposición.

Como se necesitan dos tercios de los votos de ambas cámaras para llenar la vacante y ninguna fuerza está cerca de reunirlos, el oficialismo entiende que Decibe cuenta con más chances, por la buena relación que mantiene con sus antiguos compañeros de ruta del peronismo. En los últimos meses, la ex ministra de Educación -que renunció en 1999 cuando Menem bajó el Presupuesto educativo- se sumó a Cambiemos a través del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien la nombró al frente de un plan de desarrollo educativo para el municipio.

De todos modos, Ocaña avisó que dará batalla. De hecho, un mes atrás Mauricio Macri la convocó a la Casa Rosada para hablar de su candidatura y con ese aval avanzó en gestiones para tantear las posturas de dos figuras clave para arrimarle los votos que le faltarían a Cambiemos: Sergio Massa en Diputados y Miguel Pichetto en el Senado.

El jefe del bloque de senadores del FpV, lejos de darle un espaldarazo, lanzó su propio candidato a la Defensoría, el cordobés Humberto Roggero, ex mandamás de la bancada de diputados del peronismo. Pero Pichetto tampoco parece manejar los hilos en este tema: ya salieron otros sectores de su fuerza a reclamarle por la “falta de consulta” y presentarían otro candidato (ver “Un sector…”).

En cambio, el líder del Frente Renovador aún no se pronunció. Massa siempre quiso captar a Ocaña para su sector, pero le pidió a su gente no apurarse para definir una candidatura hasta ver si la negociación se encamina dentro de las escasas semanas que quedan para el fin del período legislativo. De otro modo, el tema pasaría para el 2017, con otra complicación por delante: la competencia electoral. Trascendió, de todos modos, que el de Tigre ya hizo saber que su aliado, el ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota, mantiene un viejo pleito de comarca con Roggero. Por lo que de avanzar el nombre de un peronista, no sería el del ex diputado su preferido.

Con menos posibilidades, el bloque de diputados socialistas propuso de ombudsman a Héctor Polino, veterano ex legislador y titular de la ONG Consumidores Libres.

El oficialismo quiere agilizar la designación de un sucesor del peronista Eduardo Mondino (que dejó el puesto en abril de 2009 para saltar a una frustrada carrera electoral en Córdoba) a causa de las dos exhortaciones que formuló la Corte Suprema (en agosto y principios de noviembre) para llenar el hueco.

La Comisión Bicameral, compuesta por siete diputados y otros tantos senadores, puede proponer hasta tres candidatos. Y se espera que en los próximos días se sumen nuevas postulaciones. La senadora macrista Marta Varela, titular del cuerpo, le dijo a Clarín que “la voluntad de este Gobierno es avanzar y nombrar al defensor del pueblo. Ahora tenemos nombres para buscar consenso. Esta es una deuda de la política con los argentinos”.

La Defensoría adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994, que le otorgó autonomía funcional y legitimación procesal para dedicarse a “la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos ante hechos, actos u omisiones de la Admin istración”.

Un dato: hay otros cargos a repartir: la Defensoría del Niño y la Procuración Penitenciaria.