La suba del gas no debe ser mayor al aumento de sueldo

#actualidad política

           Diario Popular | Buenos Aires, domingo 11 de setiembre de 2016

II el reportaje de DIARIO POPULAR                     
POR GERMAN LOPEZ

HOY: HECTOR POLINO

“Cuando sufrí el embate contra Consumidores
Libres se logró el efecto contrario: hizo más conocidas
las encuestas y fui entrevistado por medios de Israel,
Alemania y la propia BBC de Londres”.

Héctor Polino, desde hace años, viene defendiendo a los consumidores y el viernes se pondrá a la cabeza a la hora de discutir el nuevo cuadro tarifario para el gas. Tras la reunión con las autoridades, dio su punto de vista de cara a la audiencia.

A menos de una semana de la
crucial audiencia pública para
definir las tarifas de gas y
frente a la pauta dada a conocer por
el Gobierno del 200%, el titular de
Consumidores Libres, Héctor Polino,
consideró que “el ajuste no puede
ser superior a los aumentos salariales
y jubilatorios de este año”.
El referente de los consumidores
compartió, junto a representantes
de distintas asociaciones, una
reunión con el ministro de Energía
Juan José Aranguren, el interventor en Enargas, David Tezanos y el titular de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, en la que las entidades le acercaron a los funcionarios algunas sugerencias para acceder a la tarifa social, que considera demasiado excluyentes, en la pesada carga impositiva que integra la factura y en el valor de boca de pozo que, según explicó Polino, no fue explicado concluyentemente.

  “Todo aumento superior a las subas salariales va a afectar la capacidad de compra de un vasto sector de la sociedad”.

– ¿Cuál es el nivel de aumento que considera razonable? –
A mi juicio hoy un aumento razonable tiene que estar en relación a los aumentos de sueldo de los trabajadores en relación de dependencia y a aquellos acordados a los haberes jubilatorios, es decir, entre un 30/35 por ciento y un 30% respectivamente. Todo aumento por sobre ese monto va a afectar la capacidad de compra de un vasto sector de la sociedad, porque hay que tener en cuenta que al aumento del gas se debe agregar los del agua potable, la energía eléctrica, el transporte público, los medicamentos y los artículos de la canasta básica de alimentos.

– ¿Esta pauta que Ud. propone, cómo se ajusta al reciente fallo de la Corte?
– Esta pauta que proponemos va en línea con el fallo de la Corte Suprema que suspendió los aumentos y ordenó realizar la audiencia. Allí el Tribunal Supremo dijo que el aumento no puede afectar la capacidad de pago del usuario. Además, si la suba fuera desproporcionada podría resultar el efecto contrario al que se persigue, es decir, que la suba torne impagable la tarifa y aumente el grado de incobrabilidad y entre menos dinero a las empresas.

– ¿Cuáles son las observaciones que le hace a la tarifa social tal como está concebida?
– Le dijimos al ministro Aranguren que no puede ser que se excluya a un usuario que tiene un auto de menos de 15 años, porque puede ser un discapacitado o un trabajador en relación de dependencia que por eso deja de calificar para la tarifa social. También que sea un requisito negativo que la persona sea titular de dos propiedades, que ni siquiera se las define como dos unidades de vivienda. Quiere decir que el titular de un monoambiente con una baulera ya no calificaría.

– ¿Qué le respondieron?-
Reconocieron nuestras observaciones pero no modificaron sus criterios. Nosotros proponemos se vuelva a la resolución del Enargas de 2011, que fue redactada con una importante participación de las asociaciones y que era mucho más inclusiva de situaciones donde no se puede pagar la tarifa plena. – Con respecto a la carga impositiva presente en las tarifas, ¿qué proponen? – Los tributos nacionales, provinciales y municipales se llevan entre el 30 y el 35 % de lo que paga el usuario. El IVA se lleva 21% y es coparticipable. Proponemos que este impuesto no se aplique al total de la factura sino a lo que se paga hasta ahora, dejando exento el monto que resulte del próximo aumento.

– ¿Qué dijeron los funcionarios sobre el controvertido tema del precio en boca de pozo?
– El ministro dio el valor de ese precio (U$S 3,42 por millón de BTU) pero no explicó cómo se llega a él.
Además, adelantó que habrá ajustes semestrales hasta llegar a los U$S 6,75 en el año 2019, un valor muy por encima de lo que se paga en otros países. Queremos una explicación que todavía no tuvimos. Nos parece más lógico que la diferencia la ponga el Estado con coparticipación y no por la vía del aumento de tarifas. – ¿Qué ocurrirá si las conclusiones de la audiencia no son recogidas por la autoridades? – Con este fallo se ha dado un gran paso adelante. Antes las audiencias eran una mera formalidad. Recuerdo una oportunidad en la que en el mismo momento en que discutíamos el precio del boleto de colectivo, en una tarde agobiante de calor, el gobierno publicaba sus valores con total prescindencia de lo que se estaba acordando. Ahora la Corte dice que lo que decida en la audiencia pública se tiene que evaluar en la resolución que establezca los aumentos. Es decir, se recorta el poder discrecional del gobierno y se toma una decisión contraria se podrá discutir en la justicia.

Cuando Moreno prohibió los índices en octubre de 2012, en un claro exceso de autoridad, Guillermo Moreno ordenó suspender en forma preventiva la autorización para funcionar a Consumidores Libres. El funcionario estaba molesto por la publicación de los conocidos índices de precios llevada adelante desde 1994 por la asociación, en forma personal y sin manipulaciones. Desafiando la prohibición Polino dio a conocer un nuevo relevamiento, pero no a nombre de Consumidores Libres sino ‘a título personal’. “Mientras la Justicia no se pronuncie sobre el tema y continúe la suspensión de Consumidores Libres, voy a seguir difundiendo el relevamiento a título personal, y no me asustan las medidas que tomen conmigo”, señaló entonces.