PROYECTO DE LEY

 Artículo 1: Declárase el derecho ciudadano de informarse y controlar participativamente y en forma directa, la gestión del funcionario público en toda decisión de éste que pueda influir sobre: intereses de personas o grupos de éstas; sobre toda acción pública en donde exista o pueda existir una confrontación o relación, directa o indirecta de los intereses del estado y el ciudadano y sobre el manejo de las cuentas públicas, incluyéndose los ingresos que se realicen – en adelante Datos de Interés Públicos (D.I.P.) – a través de un sistema informático de control participativo (S.I.Co.P.), que se desarrollará e implementará en la forma dispuesta por la presente ley.

Artículo 2: Será obligación del Funcionario Público ingresar, en forma inmediata, conforme las disposiciones administrativas que se dictarán al efecto, al S.I.Co.P., toda la información D.I.P. establecida y determinada por el artículo precedente.

Artículo 3: Con el objeto de un mejor desarrollo del S.I.Co.P., el mismo importará dos etapas, a saber:

a) Desarrollo e implementación del S.I.Co.P. mediante un sistema de prueba piloto detallado en los artículos siguientes.

b) Implementación del S.I.Co.P. a nivel nacional en forma escalonada.

El punto b, del presente artículo, será materia de análisis y debate legislativo en una ley posterior.

En dicha ley será también materia de debate: la asignación presupuestaria con la que contará la Comisión de Contralor y el Grupo de Especialistas; las facultades que tendrán; la forma de implementación del S.I.Co.P.; las sanciones a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes relacionados a la presente; y todo lo que sea materia de interés legislativo.

Artículo 4: Declárase como objetivos generales del S.I.Co.P., en sus dos etapas de desarrollo e implementación:

a) Desarrollar un sistema a través del cual los ciudadanos puedan, en forma ágil, dinámica y directa, operar en red desde su terminal informática y tomar conocimiento de la información D.I.P. ingresada al mismo.

b) Que el sistema permita al usuario procesar la información D.I.P. de acuerdo a su interés personal o profesional, y que al mismo tiempo se encuentre suficientemente detallada como para una evaluación también en detalle.

c) Que dicho sistema entregue al usuario informes procesados que permitan la comprensión global de la información D.I.P..

    En referencia específica al procesamiento de la información relacionada al manejo de las cuentas públicas se seguirán las disposiciones del reglamento de la bolsa de comercio de Buenos Aires para la autorización, suspención, retiro, y cancelación de la cotización de títulos y valores. En particular en lo referente al capítulo 15, en lo que resulte pertinente y aplicable, considerándolas parámetros mínimos.

    En referencia al procesamiento del resto de la información D.I.P., ésta deberá entregarse manteniendo, como parámetro mínimo, un igual criterio de comprensión al establecido precedentemente.

d) Conformar una base general de datos en la que el ciudadano tenga acceso a la información estadística sobre: proveedores del estado nacional o provincial, sistemas de compras, pagos a proveedores, ventas, licitaciones, adjudicatarios de licitaciones, inventarios de bienes, ingresos de bienes o sumas de dinero, erogaciones, ingresos, toda otra información D.I.P., y todo lo que sea materia de decisión por parte de la Comisión de Contralor.

e) Que la creación de este sistema permita al ciudadano ejercer un control directo sobre la gestión del funcionario público, en términos generales, y, le permita realizar las denuncias ante los organismos pertinentes por las irregularidades que advierta.

f) Crear las medidas administrativas necesarias para la determinación de la forma en que deba realizarse el desarrollo del S.I.Co.P., su implementación y el ingreso de datos D.I.P. al sistema.

g) Generar las medidas de seguridad suficientes para evitar una utilización extraña del sistema.

Artículo 5: Que a los efectos previstos en el Artículo 1 se dispone:

a) La creación de una Comisión de Contralor, la que comenzará sus funciones desde la fecha de promulgación de la presente ley.

b) Los miembros de la Comisión de Contralor tendrán la facultad y la obligación de:

• Designar y remover a los miembros del Grupo de Especialistas que se encargará del desarrollo e implementación del S.I.Co.P., teniendo como base los objetivos generales antes expuestos y los aspectos técnicos teóricos planteados en el anexo 1 de la presente.
• Realizar las contrataciones del personal técnico y administrativo necesario.
• Adquirir el hardware, software y programas informáticos, así como terminales informáticas; adquisición de mobiliario y todo lo que resulte imprescindible para el funcionamiento del Grupo de Especialistas.
• Solicitar informes, en la forma que lo dispongan al Grupo de Especialistas.
• Administrar los fondos de financiamientos del S.I.Co.P..
• Disponer la forma en que se realizarán los informes públicos sobre el desarrollo del S.I.Co.P..
• Dotar a los integrantes del Grupo de Especialistas de las más amplias facultades para la obtención de la información necesaria, siempre que la misma no esté retenida en secretos de estado.
• Determinar cuál será la información, vinculada al desarrollo de gestión del Funcionario Público, que deberá ingresarse al sistema, teniendo como restricción la información retenida en secretos de estado.
• Determinar la forma, tiempo y modo para el ingreso inmediato de datos D.I.P. al sistema, conforme los informes que dé al respecto el Grupo de Especialistas.
• Rendir cuentas públicamente del desarrollo del S.I.Co.P. en sus distintas fases y de la administración de los bienes.
• Informar de toda contratación que realicen en el ejercicio de sus funciones.
• Procurar el mejor y más adecuado desarrollo del S.I.Co.P., teniendo como base los objetivos generales expuestos y las conclusiones técnico teóricas obrantes en el anexo 1 de la presente.
• Implementar las medidas administrativas necesarias para el correcto desarrollo de su función y en relación a ella.
• Recibir:

– Bienes muebles e inmuebles por donación o en comodato, siempre a título gratuito y sin condición alguna, de particulares o instituciones privadas de cualquier orden.

– Sumas de dinero de particulares o instituciones privadas de cualquier orden, y que se destinen exclusivamente al financiamiento del desarrollo del S.I.Co.P.

Deberá documentarse en instrumento público debidamente protocolizado todo bien o suma de dinero recibida.

En ambos casos deberá comunicarse públicamente, según la forma establecida en la reglamentación, detallándose el nombre del particular o institución que haya realizado la dación, la fecha en que se realizó, el destino que se le otorgará a la misma y los detalles de protocolización.

Artículo 6: Una vez desarrollado el S.I.Co.P., deberá ingresársele la información a la que se hace referencia precedentemente y toda aquella que haga al financiamiento o fondos públicos que maneje la Comisión de Contralor.

Artículo 7: A fin de asegurar el mejor desarrollo del S.I.Co.P., el Grupo de Especialistas realizará un trabajo previo, en adelante S.P.P. – Sistema de prueba piloto – en una dependencia de gobierno, que se designará oportunamente.

Artículo 8: La dependencia gubernamental designada asumirá su más formal compromiso de cooperación, tanto con la Comisión de Contralor,  como con el Grupo de Especialistas, en aras de la obtención de los objetivos propuestos.

Artículo 9: La dependencia de gobierno a designar financiará con partidas extrapresupuestarias el desarrollo del S.P.P..

Artículo 10: Los resultados del desarrollo e implementación del S.I.Co.P. en el S.P.P. se darán a conocer públicamente en la forma que se reglamente.

Artículo 11: Alcanzados y demostrados los objetivos propuestos en el desarrollo del S.I.Co.P., durante el S.P.P. se pasará a la segunda etapa, reseñada en el artículo 3, punto b y que básicamente consistirá en la implementación del S.I.Co.P. en distintas sedes gubernamentales hasta alcanzar una a nivel nacional, en la forma que una ley posterior así lo determinará.

Artículo12: Las facultades taxativamente concedidas a los miembros de la Comisión de Contralor, quedarán sin efecto automáticamente, una vez cumplidos y alcanzados los objetivos propuestos en el S.P.P..

Artículo 13: Los bienes recibidos en comodato serán devueltos al particular o institución privada que los haya entregado, una vez finalizado el S.P.P., siguiendo al efecto los mismos requisitos ya impuestos, excepto que su o sus titulares deseen donarlos o cederlos en cuyo caso pasarán en custodia a la Comisión de Contralor. En tal situación se procederá según lo dispuesto en el artículo 4.

Artículo 14: Los bienes recibidos en donación quedarán en custodia de la Comisión de Contralor.

Artículo 15: El remanente de los fondos de financiamiento del S.P.P. serán utilizados en la etapa de implementación escalonada del S.I.Co.P. reseñada en el artículo 3, punto b.

Artículo 16: Se establece el plazo de 12 meses, a contar desde la fecha de promulgación de la presente, para la finalización del S.P.P., prorrogable por uno igual en caso de no obtenerse los resultados deseados.

Artículo 17: De forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

 

Señor Presidente:

 

Con este proyecto concreto la aspiración de dotar a la sociedad de un derecho, hasta ahora inexistente en la forma que aquí se plantea, que es el de informarse sobre la gestión del funcionario que pueda influir sobre intereses de ciudadanos particulares o grupos de éstos, sobre toda acción pública en donde exista o pueda existir una confrontación o relación directa o indirecta de los intereses del Estado y el ciudadano y sobre el manejo de las cuentas públicas por parte del funcionario, en forma particular.

 

La necesidad de llevar adelante este proyecto, como puede entenderse, resulta trascendental para nuestro fortalecimiento institucional y democrático, y da cumplimiento a la obligación moral y legal de llevar transparencia a todo acto de la administración pública.

 

Son claros los objetivos pretendidos en este proyecto: dotar a la ciudadanía de una herramienta ágil, dinámica y directa que le permita ejercer un control sobre la gestión del funcionario en términos generales.

 

Vale decir que el funcionario deberá dar cuentas en forma inmediata de todo dato de interés público – D.I.P. – determinado en el artículo 1 del proyecto de ley y en el primer párrafo de estos fundamentos. Dicha rendición la ejecutará ingresando dicha información D.I.P. al denominado Sistema Informático de Control Participativo – S.I.Co.P..

 

Pero este sistema no sólo cubre los aspectos económicos de lo que hace al manejo de las cuentas públicas, sino que también informa al usuario del sistema, es decir al ciudadano, sobre el desarrollo de la gestión del funcionario en todos sus aspectos.

 

La extensión de la información que éste deberá ingresar tiene como tope legal aquella que esté retenida en secretos de estado.

Por la demás información, será el Grupo de Especialistas, con autorización de la Comisión de Contralor, la que determine si corresponde o no su ingreso, teniendo como principios de selección los objetivos generales expuestos en el proyecto.

 

El S.I.Co.P. permitirá entonces que sus usuarios, los ciudadanos, se informen, por ejemplo, de la fecha, condiciones, plazos, entrega, precio, pago y demás particularidades que hacen a una compraventa que una dependencia de gobierno realiza a un proveedor.

 

Por otra parte, también tomará información sobre la apertura del expediente respectivo, antecedentes del proveedor, detalles de inventarios, última adquisición de iguales bienes, última relación contractual con igual proveedor y detalles de la misma, deudas y créditos entre proveedor y dependencia, informes sobre los presupuestos realizados, etc..

 

Como vemos este sistema registraría información en dos aspectos bien definidos.

 

Por un lado, la que hace al manejo de las cuentas públicas, y por el otro la que hace al desarrollo de la gestión del funcionario, incluyéndose en ésta última información estadística.

 

Como se puede apreciar el S.I.Co.P., es un complemento de algunas de las medidas adoptadas en la lucha contra la corrupción pero con una serie de características que lo distinguen y particularizan.

 

Esas características las encuentro en la extensión o amplitud de la información que brinda el sistema, la inmediatez de dicha información, la forma en que la misma llega al ciudadano y el contenido preventivo del sistema.

 

Tengo en cuenta al efecto que el objeto no es sólo informar, sino posibilitar que el ciudadano realice una denuncia lo suficientemente fundada, y en este sentido cabe recordar el origen de dicha información, sobre una irregularidad o anomalía que advierta.

 

Cuando sostengo lo de “forma”, me refiero a que los ciudadanos podrán desde la terminal informática de su hogar o la de su trabajo, o de organismos públicos o privados como por ejemplo, una terminal en la Biblioteca Nacional o en una Cámara de agrupación empresaria, informarse sobre los contenidos del sistema, poniendo fin a trámites burocráticos y razones de otra índole que tornan ineficaces algunas de las medidas adoptadas.

 

También brindará a los usuarios la posibilidad de procesar la información del sistema con iguales características de agilidad y dinamicidad.

 

El S.I.Co.P. importa a la creación de un mega-programa informático, lo suficientemente amplio y preciso como para almacenar y procesar ordenadamente toda la información que se le ingrese y que mediante una comunicación en red, desde un conmutador central a las terminales de los usuarios, puedan éstos tener un acabado detalle del manejo de las cuentas públicas y de la gestión del funcionario público.

 

De esta forma también se estaría dotando al ciudadano de un mecanismo sumamente eficaz que les permitiría fundar las denuncias que realice ante los organismos existentes.

 

La importancia de alcanzar un desarrollo exitoso del S.I.Co.P. es de tal magnitud que entiendo apropiado e ineludible dividirlo en dos etapas.

 

En la primera, desarrollar el S.I.Co.P. a través de la implementación de un sistema de prueba piloto – en adelante S.P.P.- en un organismo gubernamental que se designará al efecto, asignándole un compromiso formal de cooperación en aras de obtener los objetivos propuestos. Dicha prueba piloto se realizará teniendo como base los objetivos generales planteados y las conclusiones técnicas teóricas expuestas en el anexo 1.

 

La segunda etapa, obtenidos los resultados deseados en el S.P.P., se implementará en distintas sedes gubernamentales, hasta alcanzar una a nivel nacional, en la forma que una ley posterior lo determinará.

 

La decisión de la separación en estas etapas encuentra sustento en la conveniencia de un desarrollo paulatino del S.I.Co.P., en atención a la complejidad y voluminosidad de la tarea encarada.

 

La voluminosidad y complejidad apuntada no constituye obstáculo alguno en el desarrollo del sistema, sino que hacen a la necesidad de la metodología que se pretende practicar y que asegurará el logro de los objetivos deseados.

 

Una de las virtudes destacables del proyecto en general o del sistema en particular, es que no presenta inconveniente alguno de implementación en lo que hace a la dependencia pública donde debe realizarse. Es decir, este sistema es adaptable a cualquier dependencia, no importando su ubicación en el organigrama jerárquico, pudiendo estar en lo más alto, o más bajo del mismo.

 

También sostengo una implementación a nivel nacional en forma escalonada en un orden a determinar, hasta cubrir todos los organigramas de la administración pública nacional, de conformidad a las conclusiones técnicas teóricas agregadas en el anexo 1.

 

Adentrándome en algunos articulados del proyecto señalo que he visto la necesidad de dotar a los miembros de la Comisión de Contralor de una serie de facultades mínimas, taxativamente dispuestas, y tendientes a promover al mejor desarrollo de sus funciones.

 

En lo que hace al financiamiento del S.I.Co.P., dispuse para esta primera etapa que sea el órgano de gobierno designado quien se haga cargo del mismo, y con iguales fines se facultó a la Comisión de Contralor a recibir bienes o sumas de dinero provenientes de particulares o instituciones privadas interesadas en el mejor desarrollo del sistema, con una serie de requisitos legales creados al efecto de dar absoluta transparencia a las daciones que se realicen.

 

Por otra parte, establecí los objetivos generales a tener en cuenta en el desarrollo e implementación del S.I.Co.P. – quedando comprendidas las dos etapas del sistema -.

 

Dichos objetivos no hace a una enunciación taxativa de los mismos, sino, que dan un marco general de qué es lo que se pretende con el desarrollo del mencionado sistema.

 

Finalmente se establece un plazo de doce meses, prorrogable por igual lapso, para la finalización del S.P.P..

 

Considero que el plazo será suficiente para el adecuado y correcto desarrollo e implementación del S.I.Co.P. en el S.P.P., sin perjuicio de no estar condicionando ni el desarrollo ni la implementación del sistema a dicho plazo y con el único objeto de establecer un período de tiempo razonable para cumplimentar dichas tareas.

 

Por estas consideraciones y fundamentos es que entiendo a este sistema, como la piedra angular que podría generar un giro inimaginable en el control de la corrupción en las democracias contemporáneas, por cuanto permite ejercer en forma directa un verdadero contralor por parte del ciudadano; y postulo que cuanto más directo sea el control que ejerzan los ciudadanos sobre los gobernantes tanto mejor habrán de ser los resultados de la gestión, y se evitará uno de los vicios más corrientes del sistema de gobierno delegado, cual es el de la dilución de la responsabilidad a través de la maraña burocrática, y de esta forma optimizar la administración de los bienes públicos.

 

Deseo agradecer especialmente la invaluable colaboración y capacidad de trabajo e investigación volcada en la elaboración de este proyecto por los ciudadanos:

 

• GUERRERO, Carlos
• Ing. SHLAMOVITZ, C. Ariel; M.Sc.M.
• Dr. TOCCHETTON, Fernando

 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

 

 

 

 

 

 

	GACETILLA “PROYECTO DE LEY ANTICORRUPCIÓN”
	DIPUTADO NACIONAL HECTOR POLINO El proyecto de ley anticorrupcción – Ley de Control Participativo Directo en la Gestión Pública – , presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación en el mes de enero de 1998, significa el comienzo de la lucha contra la corrupción, conceptuada globalmente, en forma preventiva y a través de un novedoso sistema comprendido por un mega programa informático, que permitirá al ciudadano tomar conocimiento inmediato a través de su computadora de todos y cada uno de los actos del funcionario público. De esta manera los funcionarios sabrán que cada decisión que tomen quedará registrada y evidenciada en el sistema informático ya que el ciudadano podrá conocer y consecuentemente controlar esas decisiones. Asimismo, los funcionarios estarán obligados a la carga de información al sistema informático, realizando así una permanente rendición de cuentas a toda la sociedad sobre los actos de su gobierno. La sociedad a su vez podrá evaluar por sí misma el desarrollo de esas gestiones y consecuentemente ejercer un verdadero control. Este control es global por cuanto alcanza tanto al manejo de fondos o cuentas públicas que tiene a cargo el funcionario, así como también a los diferentes actos públicos que, aunque no tengan relación directa con el manejo de fondos, sí hace a intereses de la sociedad. Por otra parte existirá todo un régimen que prevea el incumplimiento, o el cumplimiento defectuoso, por parte del funcionario público en el ingreso de lo que se ha denominado en el Proyecto de Ley como información D.I.P.- Datos de Interés Públicos -. Cabe destacar también, como ya adelantáramos, que el ciudadano podrá ejercer el control en todo momento y no necesitará esperar al final de la gestión del funcionario para entonces enterarse sobre algunos aspectos de esa gestión, por cuanto la obligación del funcionario será la de cargar la información al sistema en forma inmediata y en contrapartida, obtendremos el consecuente control de esas actividades en tiempo real. Consideramos a este sistema como la herramienta más apta y eficaz hasta ahora desarrollada para la lucha preventiva en contra de la corrupción por cuanto goza de la cualidad o particularidad más notable de la que se pudo dotar a un sistema de este tipo; la información en cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos. Es esta la cualidad que lo distingue de todas las medidas que se han adoptado en torno a este gravísimo flagelo, independientemente de la eficacia de aquellas, y particularmente es la que asegura el éxito del sistema. Señalamos esto toda vez que, como puede deducirse, no dependerá más de las voluntades políticas para llevar adelante esta lucha, sino que estará en la voluntad ciudadana, de particulares, empresas, cámaras de agrupación empresarial, medios de información, ejercer, a nuestra consideración, los más amplios y criteriosos controles de la actividad pública. A su vez este sistema da cumplimiento con las obligaciones naturales y constitucionales de llevar transparencia absoluta a los actos de los funcionarios públicos y permitir con un mecanismo cierto y preciso, el control de la gestión pública. Los ciudadanos podrán ejercer dicho control libres de trabas burocráticas que impidan o dificulten el ejercicio de ese contralor. Debemos señalar también con orgullo que este trabajo cuenta ya con el apoyo de renombradas Universidades, tanto europeas como de Estados Unidos, ya que ven en el proyecto un novedoso y eficiente sistema de control que responde a la creciente demanda social de llevar ética a los negocios, como a la necesidad de saberse valer de las tecnologías más modernas del management para poner al servicio de la democracia soluciones que de otra forma no podrían alcanzarse. Son todos estos conceptos los que nos convencen plenamente que la dirigencia política argentina será consciente de la urgencia del análisis de este proyecto, premura que exige la sociedad al traslucir una sensación de total inseguridad y desconfianza a toda medida, comisión u organismo policial o judicial que reglamentan, investigan, sancionan o pretenden así hacerlo, los actos de corrupción que llegan a nuestro conocimiento. Estamos también convencidos que estas autoridades políticas no pretenderán demorar su tratamiento legislativo, tampoco utilizarlo mezquinamente como bandera política o eleccionaria o simplemente oponer reparos infundados o críticas que no sean acompañadas por soluciones reales y concretas como este proyecto y que su única meta, será lograr que este sistema acerque la política a la gente y la gente a la política. Asimismo, el presente proyecto de ley aportará un nuevo desafío a la dirigencia política argentina: serán aquellos representantes del pueblo que sepan gobernar ya no tan sólo con honradez sino también con eficiencia los que obtengan el reconocimiento de toda la sociedad. Este es entonces el gran desafío para todo político argentino y para cada ciudadano que deberá también promover la aprobación de este proyecto, por cuanto éste es su proyecto, su defensa y su nueva vida en la que podrá participar activamente dentro de los mecanismos de nuestra democracia, enriqueciéndola y protegiéndola.     AUTORES DEL PROYECTO:   DR. HECTOR POLINO: Maestro mayor de obras, Procurador, Abogado y Escribano. Ex Concejal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación. Fundador y representante de “Consumidores Libres”. Diputado de la Nación. ING. ARIEL SHLAMOVITZ: Maestro mayor de obras, Ingeniero Aeronáutico y Aeroespacial, graduado en la universidad Technion de Israel. Master en Ciencias de la Administración de la Boston University Brussels. Con anterioridad a su reciente regreso a la Argentina se desempeñó como Coordinador Técnico en I.B.M.-Europa, de un mega proyecto de desarrollo de última tecnología informática para su utilización en la Industria Aseguradora a nivel mundial (IAA). ____________________________________________________________ TELEFAX: 370-7412  ·  TELEFAX: 784-4528  ·  CELULAR: 15-427-2953