Consumidores y empresas debaten por el rol del Observatorio de Precios

Fuente: Diario BAE

El Gobierno reglamentó la semana pasada la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, una creación de la última reforma legislativa sobre derechos de los consumidores que tiene el propósito de recabar información para determinar los sectores de la cadena productiva que registren ganancias excesivas, y funcionar como un “alerta temprana” de falta desabastecimiento de productos, especialmente los que tienen un alto impacto sobre los consumidores. Con la norma reglamentada en la mano, arrancó el debate de cómo la utilizará el Gobierno. Entre los temores, está el de que se la utilice como un instrumento de sometimiento político.  Sin embargo, empresas y consumidores admiten que bien utilizada, servirá para destrabar problemas en la cadena productiva, mejorar la disponibilidad de bienes y controlar que nadie se quede con una renta excesiva en perjuicio de los consumidores.

Un poco de historia

Argentina adhirió en 1962 a la Declaración Universal de los Derechos del Consumidor proclamados por Naciones Unidas. Pero recién en 1993 sancionó la ley respectiva (24.240). Desde entonces, ha sido objeto de sucesivos cambios. Los últimos fueron en marzo de 2008 y septiembre de 2014. El primero, mediante la Ley 26.361, amplió el concepto de “consumidor” al establecer el principio de responsabilidad mediata de productores y proveedores, afectando relaciones ya reguladas por normas específicas. Algunas de las medidas de esa reforma, fueron la prolongación del plazo de garantía, el incremento de los importes de las multas y la inversión de la carga de la prueba en favor del consumidor. Con esos cambios, quedaron comprendidos servicios hasta entonces no regulados como tiempo compartido y cementerios privados, entre otros. Lo que más rechazo provocó en el mundo empresarial fue la facultad de imponer indemnizaciones otorgada a órganos administrativos, al margen de los tribunales.

La reforma sancionada por el Congreso nacional en septiembre último, modificó parcialmente las leyes de defensa del consumidor, de defensa de la competencia, de lealtad comercial y de abastecimiento. Una de las novedades del paquete es la creación de un servicio de conciliación que agiliza la resolución de conflictos mediante un fuero específico. Pero, lo que irritó al empresariado fue la reforma de la Ley de Abastecimiento. El G-6 (Unión Industrial, Sociedad Rural, Cámaras de Comercio y de la Construcción, Bolsa de Comercio y Asociación de Bancos Privados) recurrió a los tribunales por la “inconstitucionalidad” de esta norma, si bien la misma no tiene aún vigencia efectiva.

La reforma de setiembre comprende una tercera medida: la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios mediante la Ley 26.992. La norma, reglamentada el miércoles último por Decreto 41/2015, se propone “monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados” en la Argentina.

Ese Observatoria es el que está generando debate entre empresas y consumidores.

Los temores

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, explicó a BAE Negocios: “Todavía no se puede determinar cómo será la contribución del Observatorio al desenvolvimiento del mercado. Comercio pretende que las empresas le informen acerca de los impedimentos en el proceso productivo y/o distributivo susceptibles de afectar ‘sustancialmente’ la normal provisión de los productos. Pero habrá que ver cómo será su implementación, qué se entiende por ‘sustancialmente’ y cómo será puesto en funcionamiento a nivel nacional”.

“En el proceso legislativo que dio origen a esta ley -continúa De la Vega-, la CAC alertó sobre la necesidad de proteger la información confidencial de las empresas. También se objetó que no se previera la participación de entidades empresarias. La primera objeción fue tenida en cuenta para la redacción definitiva de la norma y la referida a la conformación del Observatorio se sintetizó en la eventual invitación a instituciones privadas que tengan vinculación con los objetivos previstos”.

“A lo largo de la historia -agregó-, la CAC ha hecho propuestas de modificación a proyectos, y se han interpuesto reclamos ante el Poder Judicial cuando se consideraron vulneradas garantías constitucionales”.

Desde Consumidores Libres uno de sus fundadores, el diputado (MC) Héctor Polino, opinó sobre el ente: “Si el precio de un bien o servicio es excesivo, hay que ver en qué eslabón de la cadena se produjo la distorsión. Claro que todo depende de cómo funcione el ente. En principio no creo que afecte las utilidades de las empresas, porque se trata sólo de un Observatorio. La ley prevé que participen tres organizaciones de consumidores, y habrá que ver con qué criterio se las selecciona. Vamos a proponer que se establezca la rotación, para que puedan participar la mayor cantidad posible de entidades”, anticipó.

Fernando Blanco Muiño, de Unión de Consumidores de Argentina, fue más explícito: “En febrero se hizo la primera sesión del Observatorio, sin asociaciones de consumidores, y después se nos informó que iban a ser convocadas tres, pero no sabemos cuáles. Es importante que haya un seguimiento de los costos, algo que nunca se hizo aquí. Porque si se va a poder determinar de dónde sale el precio final, es una herramienta importante para los consumidores. Si este Observatorio funciona como esperamos, se podría saber por qué si al productor en Misiones el kilo de yerba se le paga 3 pesos, aquí en góndola cuesta 55. Claro que todo depende de cómo se vaya a instrumentar, porque si sólo se trata de una forma de presión a las empresas que no se alinean con el gobierno, se habrá perdido una oportunidad de transparentar el mercado”, advirtió.

Las asociaciones de consumidores asumieron un rol en defender o confrontar modelos económicos

Desde 1983, la relación del poder político con las organizaciones de consumidores ha sido muy controvertida. Así lo expresa el rechazo que las políticas reguladoras del secretario de Comercio alfonsinista Ricardo Mazzorín provocaron en entidades partidarias de la libertad económica a ultranza como Acción del Consumidor (Adelco) y la Liga de Amas de Casa (Lac) de ‘Lita’ de Lázzari. Para contrarrestar esa tendencia, el gobierno de Raúl Alfonsín instaló de su lado a la Comisión Argentina de Defensa del Consumo (Comadeco).

En los 90, la adopción del credo liberal potenció el liderazgo mediático de ‘Lita’ de Lázzari promoviendo la capacidad de decisión del consumidor, con la consigna de caminar y comparar precios. Adelco, fundada en la gestión del ex ministro José Martínez de Hoz, apoyó el menemato con reservas.

La crisis del 2001desplazó los paradigmas de las décadas anteriores: con el desempleo masivo, el mero derecho a consumir se volvió un desafío que el Estado afrontó con subsidios a la pobreza. En 2002, con la caída de la convertibilidad, empezó la recuperación del mercado interno que se consolidaría en la gestión de Néstor Kirchner.

La intervención del Indec en manos del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno tuvo en paralelo un contrl sobre las empresas y asociaciones que difundían índices de variación de precios que reflejaban la inflación. Por medir precios de góndola, una entidad fue eliminada del registro; por igual motivo, otra fue multada con medio millón de pesos. La Justicia, en los dos casos, falló a favor de las sancionadas, y Moreno tiene firme el procesamiento por “abuso de autoridad”.