En medio de una ola de calor que afectó al país durante la primera quincena de enero de 2022, cientos de miles de usuarios del sistema eléctrico sufrieron interrupciones en el servicio, poniendo de manifiesto, una vez más, la baja calidad de las prestaciones que brindan los concesionarios privados a cargo de la distribución.
Cuando se cumplen 30 años de la privatización del sector eléctrico en Argentina, impulsada por el entonces presidente Menem, el balance general de los resultados obtenidos resulta muy negativo cuando se lo mide contra los objetivos que las privatizaciones prometían alcanzar.
El disparador de ese proceso fue el colapso en el que se encontraba la empresa estatal SEGBA a fines de la década del 80 siendo, el único prestador del servicio eléctrico.
La falta de una administración profesional y eficiente, la ausencia de inversiones y el manejo “político” que caracterizaba a la empresa causaron un proceso creciente de deterioro que culminó con una escalada de cortes y de la duración de los mismos durante el gobierno de Alfonsín.
La sociedad, a principios de los 90, cansada de sufrir una prestación tan deficiente apoyó el proceso privatizador que prometía un horizonte de modernización y eficiencia que tanto se ansiaba.
Al igual que en el pasado, y en un paralelo con lo acontecido con SEGBA, hoy enfrentamos el innegable colapso de la prestación privada que brindan EDENOR, EDESUR y EDELAP.
Es necesario revisar con objetividad los resultados que muestra la política del sector eléctrico para entender que la modernización, la eficiencia y tarifas compatibles con el desarrollo económico, no serán alcanzados con este modelo y con estas empresas.
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales han sido permanentes y la ausencia de inversiones una constante desde el comienzo de las concesiones. El ENRE (ente regulador del sector) ha sido incapaz de alinear a las empresas a un sendero razonable de cumplimiento de sus obligaciones.
Los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la necesidad urgente de impulsar el postergado debate que permita re-definir los objetivos que pretendemos lograr con los servicios públicos en general, y en particular con lo vinculado al sector eléctrico.
De acuerdo a lo actuado durante estos 30 años, y sabiendo que aún restan algo más de 60 años de concesión, consideramos imperioso impulsar la recisión de los contratos basando la iniciativa en los incumplimientos contractuales incurridos a lo largo de la concesión.
Entendemos que esta iniciativa requiere, en primer lugar, de una fuerte decisión política y luego del logro del consenso necesario para impulsarlo mediante la sanción de una Ley que legitime el acto planteado.
Por otra parte, hay que presentar una propuesta alternativa de reemplazo a estas prestadoras que no debe ser el retorno al viejo modelo perimido de empresa estatal que fracasó anteriormente.
Lejos de crear empresas recargadas con militantes, con sus cajas tomadas como botín para la acción política, necesitamos empresas eficientes, con administraciones profesionales y ligadas al proyecto de desarrollo nacional.
La alternativa es la creación de una empresa pública en dónde el Estado Nacional tenga el 51% de las acciones y en la que participen con acciones los trabajadores y los usuarios.
Esta estructura societaria deberá contar con un gerenciamiento profesional que logre mantener altos estándares de gestión para brindar una prestación compatible con los objetivos del sector.
La nueva empresa eléctrica representa una renovada oportunidad de alinear de manera definitiva los objetivos del sector con los objetivos de progreso y bienestar a los que aspira nuestra sociedad.
*Alexis Dritsos- Economista- Partido Socialista
