24/11/2004 – PRORROGA DE LA “EMERGENCIA ECONOMICA”

 Sr. Presidente (Arnold).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

 Sr. Polino.- Señor presidente: tras diez meses de espera para ingresar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, días pasados pude incorporarme y el primer dictamen que firmé fue el de la norma que estamos considerando hoy. Lo hice en disidencia total en representación del bloque al que pertenezco, el Partido Socialista.

          Hace pocas horas en este Congreso se rindió homenaje a dos periodistas parlamentarios: Marcos Diskin y Luis Soria. Cuando Marcos Diskin agradeció el homenaje tributado por el presidente de la Cámara recordó el Parlamento que había visto cuando ingresó, hace ya más de 50 años. Dijo que había habido Parlamentos brillantes y Parlamentos opacos, y recordó con emoción la vida parlamentaria de la cual había sido testigo.

         Lamentablemente, no es la primera vez que este cuerpo renuncia a las facultades que le otorga la Constitución Nacional. Diría que nos queda una zona de reserva que nosotros mismos nos autodesignamos: considerar y aprobar proyectos de resolución y de declaración y realizar de vez en cuando algún homenaje.

         Lo cierto es que con el otorgamiento de los superpoderes al jefe de Gabinete y con la delegación de facultades al presidente de la República estamos renunciando a ejercer nuestras propias funciones. Creo que este debe ser el único Parlamento en el mundo donde ello ocurre.

          Yo estuve leyendo los discursos pronunciados por los senadores cuando debatieron esta iniciativa. Como en este momento no tengo tiempo para compartir esos discursos con ustedes, les pido que lean lo que dijo el senador Capitanich. Después de leer su discurso, realmente es un contrasentido aprobar esta norma.

          También les recomiendo que lean lo que dijo el señor ministro de Economía hace pocos días en el coloquio de IDEA. Dijo que estos poderes serían por dos cuestiones: por la reestructuración de la deuda externa, ignorando que el artículo 75, inciso 7), de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación, y por la cuestión ocupacional, olvidando que él mismo firmó el decreto 1.506 de este año por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005 la emergencia ocupacional y la vigencia del Programa Jefes y Jefas de Hogar.

          ¿Para qué entonces, señor presidente, se pide la delegación de poderes? El tema que está pendiente, el más importante, es el de la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas de servicios públicos. El 6 de enero de 2002, casi como un regalo por el Día de Reyes, este Congreso le ofreció al Poder Ejecutivo la facultad para llevar a cabo la renegociación global de sesenta y cuatro contratos con empresas privatizadas de servicios públicos. En tres años se concluyó solamente uno, y no el más importante. A este ritmo, el Poder Ejecutivo necesitaría casi un siglo para renegociar esos sesenta y cuatro contratos. ¿Por qué no lo hace? ¿Existe incapacidad por parte del ejército de empleados, técnicos, profesionales y funcionarios de los ministerios de Economía y de Planificación, que están afectados a la UNIREM para llevar a cabo esta  renegociación? ¿O lo que ocurre es que el Poder Ejecutivo, utilizando las leyes 25.561 y 25.790 lleva a cabo renegociaciones parciales de los contratos? De esta forma elude su obligación de enviar la renegociación global a la Comisión Bicameral que creó la ley 25.561, impidiendo que el Congreso pueda dictaminar y decidir sobre la cuestión.

          Cuando vencieron las concesiones viales el Poder Ejecutivo autorizó el llamado a licitación, dando la posibilidad de que se presentaran las mismas empresas a las que quince días antes se había acusado de no haber cumplido con el 80 por ciento de las inversiones comprometidas. Sin embargo, muchas de ellas se presentaron a la licitación y la volvieron a ganar. A pesar de eso, esa cuestión no fue tratada por el Congreso para que resolviéramos si volvíamos al sistema anterior, por medio del cual le dábamos todas las facultades a Vialidad Nacional para que realizara el mantenimiento de las rutas, ya que las empresas no hicieron ni hacen inversiones propias en la construcción de rutas con el sistema de peaje. O sea que el Congreso fue eludido olímpicamente.

          Posteriormente, como consecuencia de los innumerables incumplimientos por parte del Correo Argentino, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que yo he aplaudido, ya que anuló la concesión. Además, designó un interventor. ¿Pero trajo ese problema al Congreso para que nosotros resolviéramos qué hacíamos con el Correo Argentino? No se nos dio la posibilidad de decidir si lo volvíamos a privatizar o a estatizar, como ocurre en los 179 países de la tierra que componen la Unión Postal Universal. Sólo dos países no tienen correo estatal. Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue resolver por su cuenta la reprivatización del Correo Argentino mediante el dictado de un decreto.

          También se anuló la concesión a la ex línea de ferrocarriles San Martín, que formaba parte del grupo Metropolitano. Por supuesto que aplaudimos el dictado de ese decreto de anulación de la concesión por los graves incumplimientos contractuales de esa empresa. Pero el Poder Ejecutivo, en lugar de dar intervención a este Parlamento ‑nunca se discutió acá si los ferrocarriles debían ser privatizados, ya que la decisión se tomó por medio de un decreto‑, dictó otro decreto encomendando a los demás grupos empresarios de trenes de pasajeros -que han incurrido en los mismos y graves incumplimientos contractuales- que se hicieran cargo de la gestión operativa del ferrocarril San Martín hasta tanto se reprivatice.

          Ya se ha referido el señor diputado Adrián Pérez al “escándalo” de Aguas Argentinas. Y cuando hay escándalo yo puedo sospechar cualquier cosa, porque cuando a una empresa se le condonan todas las multas por incumplimientos contractuales a cambio de una hipotética inversión que en su momento no hizo, tengo derecho a pensar que en el medio ha ocurrido cualquier cosa.

          ¿Por qué se le perdonan los incumplimientos contractuales a la empresa? ¿Por qué no se le exige que retire el juicio ante el CIADI que ha hecho contra el Estado argentino? Solamente se suspendió el juicio y no se trajo este tema a la Cámara para que resuelva el Congreso qué hacer con Aguas Argentinas.

          También se suscribió un convenio hasta el 31 de diciembre de este año con Telecom y Telefónica. ¿Cuál es el compromiso de las empresas? No aumentar las tarifas hasta el 31 de diciembre. ¿Pero por qué no se posibilitó que este tema fuera debatido por esta Cámara? ¿Por qué se eliminó de la Unidad Renegociadora de los Contratos al representante que habían designado las asociaciones de consumidores? El representante fue designado como consecuencia del primer decreto que se dictó en 2002. Posteriormente apareció otro decreto para eliminar esa incomodidad que existía en la Comisión Renegociadora, porque se trataba de dos ojos que estaban en representación de los usuarios. O sea que se lo deja de lado para que no participe del proceso de renegociación.

         Debemos recordar que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de marco regulatorio con el que en general estábamos de acuerdo, con excepción de algunas salvedades en relación con el Fondo Solidario que se creó para hacer frente a las situaciones que se plantearan entre los sectores más empobrecidos. Incluso existen numerosos proyectos de distintos diputados de diferentes bancadas. Hace dos años también logramos dictaminar sobre este tema en una de las comisiones de la Cámara.

         Sin embargo, ahora otorgamos facultades al Poder Ejecutivo para que continúe con la renegociación de los contratos, sin haber aprobado previamente el marco regulatorio al cual tiene que someterse esa renegociación. Tendríamos que preguntarnos por qué se frenó en esta Cámara el tratamiento de esa iniciativa. La respuesta es que los representantes de los países a los cuales pertenecen los accionistas mayoritarios de las empresas pidieron al gobierno que no siguiera adelante con el tratamiento de ese marco regulatorio, que establecía algunas normas muy interesantes desde el punto de vista de los derechos de los usuarios. Entonces, ¿en base a qué van a hacer la renegociación? ¿La van a hacer en base a los decretos que se aprobaron en la década del 90?

Sr. Nemirovsci.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Polino.- Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Arnold).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Nemirovsci.- Señor presidente: pido al señor diputado Polino que me aclare si lo que está diciendo es una definición política o si realmente conoce algo que el resto de los diputados no sabemos, como por ejemplo que los titulares de las empresas han solicitado al Poder Ejecutivo que frenara el tratamiento de un proyecto que había ingresado a este Parlamento. Si estuviéramos frente a esta última alternativa el caso sería realmente grave. 

Sr. Presidente (Arnold).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino.- Señor presidente: basta leer los diarios y las manifestaciones de los distintos representantes de gobiernos extranjeros que vienen a la Argentina. Incluso, cuando algún funcionario de nuestro país va al exterior el primer reclamo que recibe es por el marco regulatorio. Entonces, esta no es ninguna definición política; es una constatación de la realidad de lo que a diario reflejan los medios de prensa de nuestro país. Esto es producto de las gestiones que hacen los personeros de las empresas extranjeras. Por eso es realmente grave.

          En su momento tendríamos que haber reaccionado frente a esa situación, pero no lo hicimos. Ahora el señor diputado Nemirovsci se hace el sorprendido, como si lo que expresé con anterioridad fuera una novedad para él, cuando todas estas cosas las refleja en forma cotidiana la crónica periodística.

          Tendría muchas cosas más para decir, pero debo compartir el tiempo del que dispone el bloque con mi compañero de bancada, el señor diputado Rivas. Sólo deseo hacer una reflexión en voz alta: ¿para qué quiere el Poder Ejecutivo tantos superpoderes y tanta delegación de facultades, si un intruso ingresó a la Quinta de Olivos, permaneció en ella durante tres horas, luego salió y hasta el día de hoy nadie tiene la menor idea si se trató de un demente, de un borracho o de una operación mucho más grave? (Aplausos.)