3/11/2004 – SOBRE EL PRESUPUESTO NACIONAL 2005

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO HECTOR POLINO, EN NOMBRE DEL BLOQUE DEL PARTIDO SOCIALISTA, EN LA SESION DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2004, SOBRE EL PRESUPUESTO NACIONAL 2005

 Sr. Polino.- Señor presidente: voy a fijar la posición del bloque Socialista para justificar nuestro voto en contra del proyecto de ley de presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo. 

            He escuchado con atención la exposición del señor miembro informante, quien a través de una inteligente estrategia discursiva de carácter distractivo nos habló de las viudas y de los viudos, por lo que pensé que se estaba refiriendo al presupuesto del Registro Civil. También nos habló de los pajaritos y de las mulas, por lo que pensé que nos estaba hablando del presupuesto del Jardín Zoológico. Pero en realidad tenemos que abordar el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto para el año 2005, con todo lo que tiene de regresivo desde el punto de vista social y de la obra pública. 

            Tanto en el mensaje que acompañó al proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2004 como el que fue adjuntado en la iniciativa que estamos considerando, el Poder Ejecutivo planteó como prioritario el tema de la inversión pública. Sin embargo, cuando analizamos la ejecución de las partidas presupuestarias advertimos que eso no es así, como tampoco lo ha sido en el año 2004. Y mucho tememos que esto vuelva a ocurrir el año próximo. 

            Así, por ejemplo, la finalidad de los servicios económicos aumentó, en términos nominales, un 23 por ciento respecto de las previsiones para el año 2003 y un 12 por ciento en términos reales en el año 2004. Los mayores aumentos se encuentran en las funciones de transporte, que registran un incremento nominal del 39 por ciento y real del 27 por ciento, y en las de comunicaciones, que presentan un aumento nominal del 40 por ciento y real del 28 por ciento. 

            Sin embargo, cuando analizamos la ejecución presupuestaria advertimos que ha tenido poco que ver con esas previsiones. Así, por ejemplo, vemos que en el primer semestre del corriente año los fondos destinados a los fines originalmente previstos se encuentran absolutamente subejecutados, tal como ocurrió con el fondo destinado a vivienda y urbanismo. Se terminaron de utilizar fondos destinados a ese fin para atender gastos de funcionamiento de la unidad administrativa del correo oficial o se asignaron veinte millones a la función transportes, que luego fueron derivados al plan de seguridad. Podría decirse que la importancia de las nuevas reasignaciones justifica esos cambios, sin embargo el resultado superavitario del 2,4 por ciento del producto bruto interno hubiera permitido realizar esas asignaciones de forma tal que no se distrajeran del presupuesto las partidas destinadas a la inversión pública. 

            La situación no mejora en el presupuesto de 2005, pese a que se declama la importancia que la inversión pública tiene para el gobierno actual. El aumento real por sobre el ejercicio 2004 es del orden del 6 por ciento mientras que en el rubro servicios de la deuda la variación real es del 34 por ciento y se prevé un superávit del 3,9 por ciento.

             En el área energética se persiste en la política privatizadora; así se señala en la descripción del programa sobre política energética cuando se manifiesta que el objetivo básico es cumplir los propósitos superiores del gobierno nacional abandonando por completo la actividad empresaria del Estado y limitándose solamente al rol regulador. 

            Entonces, yo me pregunto en qué quedó el objetivo  de ENARSA, que estaba destinada a paliar el problema energético y todo lo que se ha hablado alrededor del rol que iba a cumplir esta empresa que comenzó denominándose estatal en el discurso y que terminó luego como privada, bajo la forma jurídica de una simple sociedad anónima. Queda claro lo que dijimos al respecto durante aquel debate porque en el presupuesto para 2005 no se le asigna ninguna importancia a ENARSA toda vez que hay una partida presupuestaria de tan sólo cien millones de pesos, cifra que no sé si va a alcanzar para cubrir únicamente los gastos del directorio de la entidad. 

            Es de destacar que en el actual proyecto se acrecienta la delegación de facultades al Poder Ejecutivo pudiendo el jefe de Gabinete ampliar los créditos presupuestarios y establecer su distribución, financiándola ya sea con mayor endeudamiento o con incremento de los recursos, y modificar las asignaciones presupuestarias que apruebe el Congreso en la medida en que lo considere necesario. También puede disponer libremente de los excedentes financieros originados en donaciones internas y externas. Este rubro representa en el presupuesto 492 millones de pesos que se destrabarían de realizarse con éxito el proceso de renegociación de la deuda con los organismos internacionales; esto también quedó totalmente en manos del Poder Ejecutivo. 

             En síntesis, y pese a lo declamado, la prioridad del gobierno no es la inversión pública en pos del crecimiento de la economía nacional, sino que sigue siendo complacer a los organismos multilaterales de crédito y a las entidades financieras. De esta forma, el aumento presupuestado para inversión pública no es consecuente con los fines perseguidos y en cambio es notorio el incremento de los servicios de la deuda.     

            Por otro lado, las amplias facultades otorgadas ahora, que superan a las del año 2004, tornan ociosa toda discusión que hagamos en la jornada de hoy y en la del día de mañana, ya que lo que apruebe el Congreso podrá ser modificado conforme al arbitrio único y exclusivo del Poder Ejecutivo, como ha sucedido con el presupuesto del año actual. 

            Se prevé la finalización de las obras eléctricas de Yacyretá –lo que es una buena noticia‑ y Atucha II, que se financiará con obligaciones a cargo del Tesoro asignándole una partida de 153 millones de pesos. Quiero llamar la atención sobre esta cuestión, porque en 1997 el Congreso aprobó la ley que después llevaría el número 24.804, que es la ley nacional de la actividad nuclear, por la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a privatizar en bloque las tres centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero. No obstante estos siete años transcurridos, las centrales eléctricas por suerte no fueron privatizadas. Tal vez, como había que venderlas en bloque y Atucha II no estaba terminada, eso desalentó a los posibles compradores. Pero si ahora el Congreso aprueba una partida presupuestaria para finalizar Atucha II, lo que en realidad estamos haciendo es facilitar el proceso de privatización de las tres centrales nucleares. 

            Por eso, cuando el año pasado se trató de hacer lo mismo en el presupuesto para el año actual ‑cuando era miembro de esa comisión que espero tener la suerte de integrar algún día de este año‑ me opuse diciendo que en todo caso previamente debíamos derogar esa ley que fue sancionada en un momento muy especial de la vida política y económica del país donde todo lo que se privatizaba estaba bien, porque se había instalado la doctrina demonizadora de todo lo que era estatal.    

             Si hoy aprobamos esta partida presupuestaria para terminar Atucha II sin derogar previamente la ley 24.804 lo que en realidad estaremos haciendo –queriéndolo o no‑ será facilitar la privatización de estas tres centrales nucleares, con lo cual se completaría el círculo perverso que se llevó a cabo en el país y cuyas consecuencias hoy está pagando la Argentina de una manera muy cara. En efecto, todos hemos visto la falta de inversiones que hubo en el país y cómo todo eso influyó en la denominada crisis energética que finalmente le terminó costando al Tesoro nacional la friolera de 2.100 millones de pesos.

             Como no hay demasiado tiempo no puedo referirme en detalle a los artículos 8°, 10, 11, 15, 17, 44, 47, 48,49, 51 y 58 del proyecto de ley de presupuesto, que de una u otra manera contienen disposiciones de delegación de facultades al Poder Ejecutivo nacional, agravándose así lo que sucedió respecto del presupuesto de 2004.

             Tengo sobre mi banca un trabajo elaborado por la licenciada Cristina Calvo, perteneciente a Cáritas Argentina, quien hace pocas horas expuso en una reunión convocada por varios diputados que invitamos a distintas entidades sociales para discutir el proyecto de ley de presupuesto del año 2005. De dicho estudio surgen algunos datos muy elocuentes.

             Por ejemplo, en el presupuesto de 2004 el gasto social fue del 65,2 por ciento; en el presupuesto de 2005, baja al 63, 1 por ciento. En Ciencia y Tecnología en 2004 el presupuesto fue bajísimo, el 1,4 por ciento; ahora se aumenta tan sólo al 1,5 por ciento. En Educación queda el 6,5 por ciento. En Desarrollo Social, del 6,5 por ciento en el año 2004 se baja al 6,4 por ciento en 2005. En Seguridad Social, del 38,8 por ciento se pasa al 37, 2 por ciento; en Salud, el 4 por ciento de 2004 se reduce al 3,5 por ciento en 2005; en Trabajo, el 5,9 por ciento se baja al 4,9 por ciento, y en Agua Potable, el 0,5 por ciento del presupuesto de 2004 disminuye al 0,4 por ciento en 2005.

             ¿Qué idea se desprende de la confección de este presupuesto? La misma idea del pensamiento único de la teoría del derrame, del Consenso de Washington, que terminó arruinando a los pueblos de América latina que se embanderaron detrás de ese pensamiento único y libraron verdaderas cruzadas en su defensa. Seguimos esperando crecer para empezar a incluir, pero está demostrado mundialmente que primero hay que incluir para luego poder crecer.

             En ese trabajo de la licenciada Cristina Calvo también se hace alusión a cómo nos encontramos hoy en la Argentina respecto de otras épocas. En los años sesenta, la clase media conformaba el 60 por ciento de la pirámide social; en los setenta, el 50 por ciento; en los ochenta, el 40 por ciento, y en la segunda mitad de los años noventa, el 35 por ciento.

             El 70 por ciento de los pobres lo integran las viejas clases medias de nuestro país. Los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos entre los sectores más ricos y los más pobres –y a su vez, entre las distintas regiones del país‑, han crecido en forma constante en las últimas décadas.

             La Argentina es un país de contrastes extremos, donde conviven indicadores del Primer Mundo y del Tercer Mundo. Para comprender los alcances y la magnitud de la desintegración territorial y de la desigualdad entre las jurisdicciones de la Argentina, bastaría señalar que cinco provincias concentran el 85 por ciento del producto bruto geográfico.

             Un informe de la Consultora Equis revela que la Argentina se ubica en el puesto número once de las naciones de Latinoamérica con mayor índice de inequidad. La brecha entre ricos y pobres es de 31,7 veces. El 10 por ciento más rico de la Argentina concentra el 38,6 por ciento de la renta nacional. Entre 1995 y 2003, nuestro país pasó de una brecha de inequidad de 19,3 veces a 31,7 veces.

             Un estudio del BID, realizado en 1998, sostiene que los mayores excesos de desigualdad se observaban en Brasil, Chile, Guatemala, Ecuador, México, Panamá y Paraguay. Los nuevos datos confirman que la gran mayoría de esos países sigue con tales excesos; lo innovador ahora es que la Argentina está a muy poco de alcanzarlos.

             Otra de las conclusiones del informe de la consultora Equis es que en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, como en las provincias del nordeste, se registra la mayor desigualdad del país. De las grandes ciudades, la ciudad de Buenos Aires tiene la mayor distribución negativa del ingreso, pues el 10 por ciento más rico gana cincuenta veces más que el sector más pobre, una brecha récord en los últimos treinta años.

             Por otra parte, quiero hacer referencia a un estudio realizado por el profesor Julio Olivera, publicado en la revista “Oikos”, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En este estudio se dice algo muy interesante, cuando señala: “Aunque las consecuencias del desempleo varían de un país a otro en intensidad, un cálculo sencillo permite formar idea del orden de magnitudes involucrado. Según estimaciones disponibles, la desocupación de 1 por ciento de la fuerza de trabajo entraña una pérdida directa de 1 por ciento del producto real anual. Los perjuicios indirectos debidos al deterioro físico y mental de las personas sin trabajo, a la merma de sus aptitudes técnicas y al aumento de la criminalidad agregan no menos de otro 1 por ciento. De tal modo, una tasa de desocupación del 10 por ciento significa una destrucción de riqueza equivalente a la totalidad del producto nacional real en sólo cinco años.” Recordemos que la tasa de desocupación de nuestro país prácticamente duplica la que acabo de mencionar.

             Para terminar, quiero señalar que Quetelec, que fue el inventor de la estadística, dijo que los números no gobiernan al mundo, pero en cambio indican cómo el mundo está gobernado. En este sentido, los números del presupuesto para el año 2005 indican, con su clara y simple elocuencia, cómo va a crecer la República Argentina, cómo va a ser el estado socioeconómico de la población y cuál va a ser el grado de desarrollo educativo, tecnológico y cultural. Lamentablemente, las conclusiones son sumamente pesimistas, porque no se pone todo el esfuerzo en el desarrollo y en el crecimiento autónomo ni se destinan los recursos financieros a pagar la enorme deuda social, sino que, en cambio, se vuelcan todos esos esfuerzos a pagar la enorme deuda externa pública de nuestro país, que es ilegítima, arbitraria y respecto de la cual este Parlamento se viene negando insistentemente a crear esa famosa comisión investigadora de la que hablaba el juez Ballestero en el juicio que promovió el doctor Alejandro Olmos para saber qué es lo que debemos o cuántas veces ya hemos pagado lo que hoy nos están reclamando.

             Por todas estas razones, nuestro bloque va a votar negativamente el dictamen de mayoría.